La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional y a varias empresas crear un plan de agua potable para la Guajira «en favor de las comunidades indígenas y tribales que habitan en el sur del departamento».
Fallando una tutela de varias comunidades afrodescendientes de los corregimientos Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas contra Carbones del Cerrejón Limited, la Corte ordenó que se les protegiera el acceso al agua.
Para esto, los ministerios de Hacienda y Vivienda, la gobernación de la Guajira, Cerrejón, la alcaldía de Barrancas y la empresa Aguas del Sur de la Guajira deberán diseñar un plan que les permita a los habitantes del departamento dejar de sufrir con la crisis de aguas presente en los últimos dos años.
Según la Corte Constitucional, las comunidades afrodescendientes de Barrancas argumentaron que «Cerrejón y las demás autoridades no han cumplido con el plan de reasentamiento ordenado por el gobierno en los términos ancestrales que caracterizan a los nativos».
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La Corte dio dos años para que este plan sea implementado y empiece a llegar el agua a los habitantes de las localidades.
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