Gobierno alista política revolucionaria a favor de la comunidad LGBTI

El Ministerio del Interior emitiría a finales de este mes un decreto para evitar los casos de discriminación a la población LGBTI.

Por Juan Manuel Reyes - Publimetro
¿Y el matrimonio igualitario?

Este decreto es difundido en la misma semana en que saldrá la decisión definitiva de la Corte Constitucional sobre la legalidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La Corte deberá juzgar sobre la ponencia negativa del magistrado Pretelt, que no permitiría a las uniones del mismo sexo realizar un matrimonio civil de la misma forma que las uniones heterosexuales.

Se cree que la ponencia, originalmente dispuesta para ser juzgada el pasado jueves, será rechazada y el alto tribunal mantendrá la postura expresada en decisiones recientes como la adopción homoparental.

El Ministerio del Interior tiene listo un decreto revolucionario con el cual se desarrollaría la política pública que definirá el tratamiento jurídico de las comunidades LGBTI, luego de las importantes medidas en igualdad de las minorías sexuales y de género en el país.

El documento se basa en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional que permiten acabar definitivamente con la discriminación a la población LGBTI, más específicamente con casos como el del suicidio del joven Sergio Urrego luego de la discriminación a la que fue sometido en su colegio.

El decreto, que sería emitido por el ministro Juan Fernando Cristo a finales de febrero, planteará una política unificada para que las principales entidades públicas ajusten sus mecanismos y aseguren el respeto a los derechos de la población homosexual, bisexual, transgenerista e intersexual del país.

El eje de esta política será la Comisión Intersectorial para la Garantía de los Derechos de la comunidad LGBTI. Esta entidad vigilará a nivel nacional el cumplimiento de las normas emitidas en los últimos años y medir el avance de estas políticas contra la discriminación.

Trabajos específicos de las entidades

Según el borrador del decreto, varios ministerios y entidades públicas deberán realizar una labor de capacitación a sus empleados, empezando por la Presidencia de la República, que deberá trazar una política para visibilizar y transformar los prejuicios y estereotipos presentes en la administración pública y en el sector privado.

Así, por ejemplo, el ministerio de Trabajo deberá realizar “campañas y programas que promuevan prácticas que reconozcan y respeten los derechos de la población LGBTI para garantizar la no discriminación en el sector laboral, tanto público como privado”, según el documento.

También habrá campañas de respeto y protección a los derechos de la comunidad LGBTI para los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que en los últimos años han sido acusados de agresiones contra miembros de la comunidad causada por su orientación sexual.

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la reglamentación de la política respecto a los cambios de registro civil por motivos de identidad sexual: el decreto otorga “todos los derechos, obligaciones y deberes legales” a quienes cambien su sexo y exige a los notarios de todo el país que estos cambios se hagan mediante escritura pública sin necesidad de recurrir a otras instancias.

Según la norma, un hombre que decida cambiar su sexo a mujer en el Registro Civil podrá pensionarse a los 62 años como cualquier mujer y no a los 67 como correspondería al género con el que nació.

Adicionalmente, el Inpec deberá modificar sus reglamentos generales y los de las cárceles, para evitar que se presenten casos de personas privadas de la libertad y discriminadas por su orientación sexual dentro de su captura.

Cambios en educación y salud

El documento dedica un capítulo especial a asuntos educativos, principalmente en las escuelas y colegios sdel país. Los manuales de convivencia de los colegios deberán contar con un apartado para promover el respeto a la población LGBTI, así como con sanciones a quienes discriminen en el salón de clases.

También se ejercerá una labor especial en temas de salud, que permita evitar la estigmatización de la comunidad en los hospitales y centros de salud y la violación de los servicios a sus miembros.

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