La ONG hizo una crítica sobre la posibilidad de que los miembros de las Farc participen en política, algo que ha preocupado a personajes de la oposición como el procurador Alejandro Ordóñez y el Centro Democrático.
«Ninguna persona que cumpla una pena tras haber sido condenada por un crimen de (…) lesa humanidad o una grave violación de derechos humanos debería poder postularse para un cargo público», dijo HRW en su análisis.
El acuerdo de paz que se negocia en La Habana ha generado discusiones importantes tanto dentro de Colombia como en el exterior. Mientras varios gobiernos han mostrado su apoyo a los negociadores para conseguir un acuerdo positivo con las Farc, la ONG Human Rights Watch (HRW) lanzó fuertes críticas al acuerdo de justicia y víctimas publicado el pasado 15 de diciembre.
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Ente los gobiernos que celebran los avances en el proceso de negociación entre Bogotá y las Farc está Francia, que se ofreció este martes para «continuar acompañando» al país sudamericano hacia «un acuerdo de paz global».
Así lo expresó el Ministerio francés de Exteriores a través de un comunicado después de que el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, recibiera ayer en París al alto comisionado de Paz de Colombia, Sergio Jaramillo.
«Fabius saludó el acuerdo adoptado el pasado 15 de diciembre en La Habana en materia de justicia y de reparación a las víctimas y renovó sus deseos de la firma de un acuerdo de paz global», señaló el titular francés.
A ese fin, Fabius confirmó «la disponibilidad de Francia para continuar acompañando el proceso de paz, tanto a título bilateral como en el seno de la Unión Europea (UE) y de la organización de las Naciones Unidas», concluyó.
HRW: “Es simplemente un acuerdo de impunidad”
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Con muy duros términos, HRW criticó el acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional este martes en Washington, luego de presentar un “análisis jurídico” del documento sobre justicia transicional presentado el 15 de diciembre en La Habana.
Para el director de la ONG, José Miguel Vivanco, el documento presentado es “simplemente un acuerdo de impunidad. Un acto que terminará sacrificando los derechos de las víctimas del conflicto armado”, y advirtió que el proceso impedirá la judicialización real de los victimarios del conflicto, algo que podría someterlos a cortes internacionales a futuro.
Según el análisis de HRW, el acuerdo no castiga a quienes confiesen atrocidades, limitándose a una serie de “sanciones que tendrán una función restaurativa y reparadora, en lugar de punitiva”.
Así mismo, las sanciones acordadas no generan una garantía de que los castigos entre 5 y 8 años se cumplan a cabalidad, tanto para guerrilleros de las Farc como para miembros de la Fuerza Pública, y tampoco da garantías de que se cumpla con la cadena de mando para asignar responsabilidades.
Según Vivanco, aunque existe una definición de cadena de mando muy similar a la que existe en el derecho internacional, el texto «dos frases ambiguas que podrían dar margen para interpretaciones que permitan que altos mandos militares de la Fuerza Pública colombiana y las Farc eludan cualquier tipo de rendición de cuentas por atrocidades cometidas bajo su control».
HRW determinó que el Tribunal Especial para la Paz no cumple con “garantías básicas que deben aplicarse para (…) asegurar que se trate de un tribunal efectivo, independiente e imparcial”; así, esas garantías serían insuficientes para poder conseguir el fin efectivo del conflicto.
Finalmente, Vivanco afirmó que el acuerdo es “una piñata de impunidad” en la que incluso los responsables de los falsos positivos en lugares como Soacha podrían terminar en la justicia transicional.