Desde Cartagena, el fiscal General, Eduardo Montealegre, anunció este jueves que radicó ante la Corte Constitucional una demanda en contra de la reforma de equilibrio de poderes, argumentando que tiene disposiciones que modifican la estructura de la Rama Judicial, contrarias a la Constitución Política.
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Montealegre y varios representantes de la Rama Judicial afirmaron en su momento, cuando inició el trámite en 2014, que dicho proyecto afectaría el balance de Poderes Públicos, la independencia y la autonomía el sector.
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Sus argumentos apuntan a que no se respetó el principio de unidad de materia por parte del Congreso de la República. Además, que en este caso, donde la prioridad era reequilibrar los Poderes Públicos, fue reformada la justicia en un acto legislativo sin conexidad con los otros contenidos.
“Los artículos del Acto Legislativo 02 de 2015 que reforman el sistema de gobierno y administración del Poder Judicial y el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial deben ser declarados inconstitucionales, porque no guardan relación de conexidad alguna ni unidad de materia con la reforma al sistema de equilibrio de poderes. Con estas modificaciones no se afectó la forma en que el Poder Judicial se relaciona y equilibra con las demás ramas del poder público”, expresó el fiscal.
Por otro lado, argumenta que el Acto Legislativo 02 de 2015 no contó con los ocho debates exigidos por la ley para introducir normas en la Constitución Política, correspondientes al nuevo procedimiento de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.
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Asimismo, Montealegre menciona la creación de la Comisión de Aforados ya que es “una entidad encargada de la investigación y acusación de los altos funcionarios de la Rama Judicial que no puede ser controlado por ninguna rama del Poder Público”, razón por la que con su aprobación, el Congreso desbordó sus competencias constitucionales.
Añadió que se le otorgaron “poderes desorbitantes”, en lo que se refiere a investigación y acusación, porque no se estableció ningún mecanismo de control que regule sus decisiones y procedimientos.
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Pero es que la modificación del sistema de investigación y juzgamiento de magistrados de las altas Cortes y del Fiscal General de la Nación y la abolición de la figura del antejuicio político para esos funcionarios, también representa la sustitución de la Constitución.
Finalmente, hizo una invitación a organizaciones de la sociedad civil, academia y a los ciudadanos para que alimenten el debate con sus argumentos e intervenciones.