En vez de cerrarlos por no contar con el respectivo permiso de uso del suelo, tres miembros de la Policía de Cali decidieron aprovecharse de la situación de dos establecimientos de entretenimiento para adultos (sexcam) y les exigieron una millonaria mensualidad a sus propietarios a cambio de permitirles que siguieran funcionando.
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De acuerdo con la Fiscalía, este soborno se cometió entre agosto del 2016 y agosto del 2017, y los implicados ya se encuentran bajo arresto gracias a las investigaciones que adelantó la institución. Se trata de los patrulleros Luis Carlos Riascos y Jairo Alexánder Torres, y el intendente jefe Renzon Armando Bernal, todos adscritos a la estación de El Caney.
«Los policiales habrían exigido una cuota inicial de $3 millones y posteriormente $1 millón mensualmente. Durante un año habrían cometido el ilícito», dijo el ente investigador en un comunicado.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el intendente jefe Renzon Bernal ya se encontraba privado de la libertad en una cárcel por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Los otros dos miembros de la Policía deberán cumplir también con la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
