En las últimas horas se hizo público un oficio emitido por le Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali en el que se ordena sancionar con diez días de arresto y una multa de diez salarios mínimos al alcalde de Cali, Maurice Armitage; a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; y a otros cinco funcionarios del Estado.
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¿La razón? Según el documento, estas personas (o más bien las dependencias que representan) desacataron varios puntos de una sentencia de tutela del 27 de agosto de 2013, recurso legal instaurado en ese momento por la Personería de Cali para exigir el mejoramiento físico de la cárcel de Villahermosa, pues las condiciones estaban violando los derechos fundamentales de los reclusos.
Los otros funcionarios implicados son el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director general del Inpec; Claudia Alejandra Gelvez, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec; Jorge Iván Zapata, secretario de Planeación Municipal; Alexánder Durán, secretario de Salud Municipal; y Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia.
No obstante, el fallo aclara que la sanción aplicará para los funcionarios mencionados o «quienes hagan sus veces», lo que involucra a recientes funcionarios en dos cargos: Juan Carlos Restrepo, director del Uspec; y María Ximena Román, secretaria de Seguridad y Justicia.
Héctor Hugo Montoya, el personero de Cali, aseguró que la situación en el centro carcelario es crítica, pues tiene capacidad para 1600 personas y actualmente alberga a cerca de 6000 presos. Por otro lado, aunque no niega que se han hecho mesas de trabajo para compartir propuestas, ninguna se ha ejecutado.
En septiembre del 2017, el alcalde Maurice Armitage hizo una visita a la cárcel de Villahermosa para conocer la situación de los reclusos. “Esto es lo más inhumano que he visto. Nunca he visto una cosa más atroz que esta. Yo he estado secuestrado dos veces, pero esto es estar cien veces secuestrado. No puede ser que una persona tenga los derechos tan violados desde el punto de vista humano”, dijo esa vez el mandatario.
Por lo pronto, ni la Alcaldía de Cali ni la Gobernación del Valle se han pronunciado al respecto, pues sus departamentos jurídicos están evaluando la situación.
