No exageran quienes dicen que el rompimiento del jarillón del río Cauca podría acabar con Santiago de Cali. Se atreven incluso a comparar esa tragedia con la ocurrida en New Orleans durante el paso del huracán Katrina en el 2005, que dejó el 80% de la ciudad destruida tras el colapso de los diques encargados de combatir la furia del mar.
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Pero hay otros desastres más cercanos: en el 2010, unas 3000 hectáreas de cultivos quedaron bajo el agua en Obando, norte del Valle del Cauca, luego de que se rompiera el dique de Puerto Molina en una temporada de lluvias. También está Mocoa: el 1 de abril del año pasado, una avalancha alimentada por tres ríos borró cerca de 17 barrios y acabó con la vida de más de 300 personas.
Más reciente aún, en mayo del 2017, el Valle fue declarado en alerta roja por las inundaciones que dejaron más de 1000 hogares afectados en sectores como Puerto Nuevo y La Playita. Las fotografías que inmortalizaron ese momento muestran personas navegando en colchones como si fueran balsas, luego de haber perdido todos sus enseres por vivir en una zona de alto riesgo de inundación: la orilla del río Cauca.
Un plan que no da espera
El gerente del Plan Jarillón de Cali, Juan Diego Saa Tafurt, asegura que el riesgo inminente ha hecho que se ajuste el cronograma de obras en los 26,1 km de largo que tiene el dique y en las dos lagunas de regulación de aguas lluvias (El Pondaje y Charco Azul), que le sirven de apoyo al canal oriental para distribuir el agua durante la lluvia y evitar inundaciones, y que también habían sido invadidas.
Según Saa Tafurt, al terminar el 2018 deben tener el 100% del jarillón libre de asentamientos humanos y un 55% reforzado, pues es necesario incluir estructuras en concreto que lo blinden de plagas como la hormiga arriera. Otra de las metas para este año es lograr el 90% del reforzamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).
“Hasta el momento tenemos el 60% del jarillón liberado: hay 15,8 km sin gente viviendo ahí, sin negocios, sin estructuras y con escombros para que no los vuelvan a ocupar. De ese 60%, el 26% ya está reforzado y el resto quedó contratado en diciembre del 2017 para hacer el reforzamiento. El año pasado ha sido el mejor de todos para el Plan Jarillón, pero este año tiene que ser mucho más fuerte el trabajo”, explica el gerente.
En cuanto a los 8777 hogares que en el 2012 ya estaban sobre el jarillón o en las lagunas y que fueron incluidos en el censo que realizó el municipio, 3268 (37%) han sido reasentados en viviendas de interés prioritario otorgadas por el Fondo Adaptación o están recibiendo subsidios de arrendamiento de la Secretaría de Vivienda mientras se construyen nuevos proyectos habitacionales a los que podrán mudarse.
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Por otra parte, de las 4726 construcciones o techos que se extienden sobre el dique y las lagunas, 1356 (29%) han sido demolidas luego de una negociación voluntaria con sus habitantes cuando cumplen ciertos requisitos para recibir una contraprestación, o de un proceso de restitución del terreno. En este último caso interviene la Secretaría de Seguridad y Justicia, pues el espacio en el que está el jarillón es propiedad del municipio.
Lina Fernanda García, líder del proyecto de compensaciones del Plan Jarillón de Cali, explica que hay unas condiciones básicas para que los habitantes del dique y las lagunas puedan acceder a una vivienda de interés prioritario o a una compensación económica. La más importante es estar en la base de datos de los hogares censados, pues de no encontrarse ahí deberán devolver el terreno del Estado sin ninguna retribución.
“Hay tres tipos de unidades sociales: hogar, que se refiere a la gente que vive en el jarillón o las lagunas; unidad productiva, que son las personas que tienen negocios en estos lugares pero no viven ahí; y mixta, que sucede cuando se mezclan los dos casos anteriores. Para cada una de estas unidades existe una compensación en tanto estén incluidas en el censo, no sean propietarias de otras viviendas y no hayan recibido subsidio de vivienda antes”, dice la funcionaria.
No obstante, como cada caso tiene sus particularidades (muerte del jefe del hogar, subsidio de vivienda no aprovechado por desplazamiento, entre otras), se habilitaron cuatro puntos de atención en Alfonso López, Guaduales y Decepaz para que los interesados expongan sus situaciones y sepan a qué tienen derecho si entregan voluntariamente los terrenos.
La historia
La problemática que envuelve el jarillón del río Cauca se podría resumir así: en 1958, la CVC inició la construcción de un dique o farillón que protegería a la ciudad de una inundación con las aguas del río Cauca. Pero años más tarde, a ese farillón (al que se le empezó a decir ‘jarillón’ por la melodía del acento caleño) comenzaron a llegar familias que levantaron sus hogares: unos muy humildes, de madera y latas; otros muy lujosos, de varios pisos y hasta con piscina.
El asentamiento humano en un lugar que no había sido creado para esto hizo que en el 2013, mediante un estudio realizado por expertos internacionales, se identificaran seis puntos críticos del jarillón. ¿El motivo? Tuberías ilegales, siembra de árboles, adaptación de ‘carreteras’ y otras consecuencias de la presencia humana, entre las que no se puede omitir la llegada de la hormiga arriera que cava inmensos túneles en el dique.
Lilia Ochoa es una de las pobladoras del sector conocido como Calimío. Llegó ahí hace cuatro años luego de que su esposo vendiera otra vivienda ubicada en Navarro, también sobre el jarillón. Adulta mayor, viuda y madre de tres hijos discapacitados, Lilia está a la espera de que le definan si tiene derecho a una vivienda de interés prioritario para entregar el espacio que está ocupando.
“Yo vivo sola con mis cuatro hijos, tres de ellos son retardados. Estoy en un ranchito que le vendió una señora a mi esposo en $4.5 millones hace cuatro años, pero ya me han dicho que tengo que desocupar. (…) No quiero apartamento, quiero una casita por la condición de mis hijos. Donde vivo ahora hay muchos problemas de drogadicción e inseguridad”, cuenta la mujer.
Caso similar es el de Yoleida, quien llegó desplazada del Cauca hace 10 años y alquiló una casa en Puerto Nuevo. Al igual que sucede con Navarro, este barrio cuenta con un reconocimiento del Estado y las viviendas deben ser compradas a sus propietarios antes de demolerlas ya que cuentan con escrituras legales.
“Dicen que no hay casas disponibles para entregarnos, entonces que nos dan un subsidio mientras tanto. Yo estoy sin trabajo y tengo tres hijos, dos de ellos son menores de edad. He averiguado casas en otros barrios y el alquiler no baja de $450 mil, o sea que el subsidio no alcanza porque es de $220 mil. Donde estoy ahora, en Puerto Nuevo, pago $150 mil”, dice Yoleida.
Don Isacio Palacios, por su parte, adhirió hace siete meses al Plan Jarillón y entregó la casa en la que había vivido por siete años, en el asentamiento conocido como Brisas del Cauca. Y aunque se lamenta porque su esposa no pudo seguir criando pollos para vender, asegura que el subsidio de vivienda se lo han entregado de forma puntual.
“Solo en diciembre hubo un retraso y nos pagaron el subsidio en enero, pero los otros sí han sido cumplidos cada tres meses. No alcanza para pagar el alquiler, por eso dicen que es un subsidio, uno debe completar el resto. Ahora vivo con mi esposa y mi hija en Compartir, y estamos emocionados esperando la nueva casa”, cuenta el hombre.
Camino al cambio
Para apoyar a las familias en el proceso de reasentamiento, el Plan Jarillón cuenta con un equipo de profesionales en Psicología, Trabajo Social, Sociología, Derecho y Contaduría Pública que acompañan a los miembros de los hogares censados desde antes de que entreguen sus viviendas hasta que se muden a las nuevas casas o apartamentos.
Con ellos trabajan en la elaboración de planes de vida familiares y comunitarios a partir de la garantía de derechos y con el apoyo de todos los programas que adelantan las distintas secretarías de la administración municipal. En el acompañamiento, que dura cerca de un año, se hacen charlas de sensibilización, talleres y otras actividades para que puedan adaptarse al nuevo entorno.
“Nos encontramos con muchas madres cabeza de hogar que sacan adelante a sus hijos. Hay problemáticas como el maltrato a los niños y el trabajo infantil, pero también vemos mucha resiliencia: familias víctimas del conflicto armado que han vuelto a empezar en el jarillón, y que luego de las inundaciones vuelven a salir adelante. Se les notan las ganas de continuar”, cuenta Carmen Chávez, líder social del proyecto.
Radiografía del posible desastre
Las simulaciones realizadas en el 2013 por el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano y un grupo de técnicos holandeses aseguraron que, si el jarillón se rompe durante una temporada de lluvias como la que se registró en mayo del 2017, la inundación podría llegar hasta la Avenida Simón Bolívar y afectar a las 900.000 personas que viven en el oriente de la ciudad.
“Eso sería peor que el Katrina. Pero supongamos que no muere nadie y que solo se nos inundan la PTAP y la PTAR: sin la posibilidad de tener agua potable ni de tratar las aguas servidas, la ciudad tendría que ser evacuada a los cuatros días y reconstruirla costaría unos 11 mil millones de dólares”, explica Saa Tafurt.
En contraste, todo el plan que adelanta la nación para recuperar el jarillón del río Cauca y las dos lagunas de regulación de aguas lluvias tiene un costo de $963 mil millones aportados por el Fondo Adaptación, la Alcaldía de Cali, la CVC y Emcali (unos 347 millones de dólares).
“Una de las razones por las que ha sido difícil el proyecto es por la negativa y el desconocimiento de la gente, pero también es difícil por su magnitud. Estamos hablando de casi 40 mil personas que tenemos que movilizar, es como si se tratara de la cuarta parte de Jamundí. Mover a la gente de un lugar a otro siempre es difícil”, puntualiza el gerente.
«Aspiramos a que los caleños nos apropiemos del jarillón»
En entrevista con PUBLIMETRO, el gerente del Plan Jarillón habló sobre la importancia y los avances del proyecto.
¿Cómo le asegura a la gente que los recursos del Plan Jarillón están garantizados?
En el 2015, la administración de Rodrigo Guerrero dejó garantizado el dinero del proyecto a través de vigencias futuras, que se van ejecutando en la medida en que se dan los avances. El Plan Jarillón fue un convenio con el gobierno nacional a través del Fondo Adaptación, que pone las dos terceras partes del presupuesto. El resto está a cargo de la Alcaldía, la CVC y Emcali, cada entidad maneja sus propios recursos y están garantizados en los fondos.
En resumen, ¿qué es lo que incluye el Plan Jarillón?
Los $963 mil millones que cuesta el proyecto cubren sus cuatro componentes: la reducción del riesgo de vulnerabilidad social, que consiste en el reasentamiento de los hogares que estén sobre el jarillón o las lagunas; el reforzamiento del dique en sus 26,1 km, la reducción de la vulnerabilidad por fallas en el sistema de drenaje oriental, o sea la recuperación de las lagunas; y el reforzamiento de la estructura vital, es decir, las dos plantas y la estación de bombeo Paso del Comercio.
¿Cómo garantizan que los espacios liberados permanezcan así?
Dejamos escombros y todos los días recorremos la zona con la Policía para levantar cambuches de gente que trata de asentarse de nuevo. Cuando ya esté liberado el jarillón en su totalidad, aspiramos a que los caleños nos apropiemos del lugar y lo cuidemos. Es que esto no es asunto de réditos económicos ni políticos, es un tema de protección. Si queremos seguir viviendo en Cali necesitamos cuidar el jarillón.
¿Por qué es importante recuperar las lagunas?
Las lagunas de regulación sirven para regular el agua del canal oriental. La recuperación es para que tengan de nuevo su capacidad de almacenamiento de aguas, pues habrá un momento en el que tendremos que llenarlas para que el canal no se nos desborde. Sin embargo, el otro problema es que la gente trata el canal como si fuera un basurero y los residuos tapan las rejas de la estación de bombeo, que fue lo que nos pasó en diciembre del 2017 cuando se inundó la comuna 6.
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