La vinculación laboral a través de terceros y no directamente con el Estado, las irregularidades con las pensiones y el futuro incierto de los niños que pertenecían a los hogares cerrados son algunos de los factores que generan descontento entre las madres comunitarias del Valle del Cauca. La presidenta del sindicato de madres comunitarias del departamento, María del Carmen Fláquer, asegura que tiene un listado que supera los mil niños a la espera de que el ICBF les asigne un hogar, pero sabe que muchas de esas peticiones serán rechazadas.
PUBLICIDAD
Sin embargo, lo que más han objetado las mujeres vinculadas al programa es que el manual operativo que el ICBF puso en ejecución desde principios de este año les prohíbe salir a protestar aduciendo a que las que participen en este tipo de actividades durante el horario laboral serán despedidas, al igual que las que no tengan estudios técnicos en primera infancia y las que no presenten todos los informes exigidos por la institución.
La situación se podría dibujar entonces así: para estas mujeres –unas 5600 en el Valle del Cauca-, el día laboral inicia cerca de las 4:00 a.m. porque a esa hora se deben levantar para preparar los alimentos de los niños que llegan a las 8:00 a.m., limpiar y ordenar el lugar. Con ellos están hasta, mínimo, las 4:00 p.m. cuando sus papás regresan a recogerlos. No obstante, hay casos en que los padres de familia presentan inconvenientes y dejan a sus hijos hasta la noche. Y cuando ya todos se han ido, deben dedicarse a elaborar la documentación periódica que les exige el ICBF para hacerles seguimiento a su trabajo.
“Pusimos un derecho de petición ante el director regional y la directora nacional. Les estamos pidiendo que nos expliquen por qué a las madres comunitarias nos prohibieron el derecho a la protesta con ese nuevo manual operativo. Ahí hay una paradoja: Bienestar Familiar nos dice que nosotras no somos trabajadoras de ellos sino de los operadores, pero sí saca un manual con el que nos rige a todas. Si no nos dan una respuesta pronto, así sea con antorchas vamos a salir a protestar”, añade la presidenta del Sindicato de madres comunitarias del Valle del Cauca.
A principios de este año, el presidente Juan Manuel Santos no aprobó el proyecto de ley que pretendía que las madres comunitarias del ICBF fueran contratadas directamente por el Estado y tuvieran contratos a término indefinido. Uno de los argumentos del Gobierno Nacional fue que esto generaría un impacto fiscal de enormes proporciones.
Gloria Peña, gerente de la Cooperativa Multiactiva de Madres Comunitarias del Valle, CoomacoValle, que es uno de los operadores del programa en el departamento, asegura que las protestas se restringieron porque algunas madres cesaban el servicio de sus hogares para salir a las calles sin argumentos claros. “Cuando uno se mueve a visibilizar sus derechos debe ser con un motivo. Yo no puedo parar la prestación del servicio para irme a apoyar algo que no tengo claro. Ahora bien, el manual operativo sí es perverso cuando dice que los hogares que se cierren por cualquier motivo no se van a volver a abrir, porque ahí resultan perjudicados los niños”, dice Gloria.
Peña, que otrora trabajó como madre comunitaria en el Distrito de Aguablanca, asegura también que el proceso de vinculación de un niño a un hogar comunitario puede resolverse hasta en un día. “Los programas de primera infancia tienen una población prioritaria. Si alguno que no está dentro de estos grupos quiere acceder a los hogares, se le hace una visita domiciliaria para probar el alto grado de vulnerabilidad. Listas de espera no hay, al menos no en CoomacoValle”.
PUBLICIDAD
Pensiones: otro problema
A pesar de que hay madres comunitarias que llevan 29 años en esta labor, es decir, que iniciaron en 1988 cuando se creó el programa, antes eran consideradas como ‘trabajadoras voluntarias’ y solo desde el 2014 lograron la formalización laboral. Entre 1996 y 2013, el Gobierno le subsidió el 80% del aporte a pensión, pero este era un pago voluntario al que muchas no atendieron. Por esta razón, 106 madres que ya habían cumplido con el tiempo de trabajo y la edad para acceder a la pensión tuvieron que instaurar una tutela ante la Corte Constitucional en el 2016 para que les fuera reconocido su derecho al pago pensional.
“La Corte obligó al Estado a pensionar a esas 106 mujeres, de las cuales ya han fallecido seis, pero Bienestar Familiar dice que no hay plata. En el 2013 salió la posibilidad de acceder a una renta vitalicia para las madres que llevaran trabajando más de 10 años: les decían que renunciaran para darles un subsidio mensual no superior a los $280.000, pero no podían tener ninguna otra pensión ni casa propia. Muchas se han acogido a eso pero resulta que se han quedado sin el trabajo y sin la renta porque no hay con qué pagarles”, asegura María del Carmen.
Por eso, otras madres comunitarias están empezando a adelantar procedimientos legales para que se les reconozca en el fondo de pensiones todo el tiempo laborado antes del 2014 y se les garantice que van a recibir el dinero de por vida cuando completen la edad requerida. “La sentencia dice que el ICBF debe pagarle a Colpensiones los aportes de las 106 madres que entutelaron. Hasta el momento no las han llamado ni han hecho el desembolso del dinero, entonces toca que los abogados sigan haciendo todo el proceso”, dice la gerente de CoomacoValle.
“Esta es la peor manera de esclavizar a una mujer”
Nila Prado, expresidenta en Sevilla del Sindicato nacional de trabajadoras al cuidado de la infancia en hogares de bienestar, Sintracihobi, asegura que en los tres años y ocho meses que trabajó como madre comunitaria vivió “una de las cosas más nefastas que hay contra la mujer en este país”. Entre sus quejas están los horarios extendidos, la carencia de insumos y el bajo salario con relación a las labores que deben desempeñar.
“Si esta labor la hiciera un hombre tal vez no sería tan mal paga. Las madres comunitarias pierden la privacidad de sus casas, las exigencias son sobrehumanas, los padres de familia no traen los implementos de aseo y la ropa para los niños más pequeños y se cometen otros atropellos que uno descubre sobre la marcha. Esta es la peor manera de esclavizar a una mujer. De todas formas hay madres comunitarias que son excelentes y que aman lo que hacen. El ICBF las capacita y en eso sí han sido muy constantes”, cuenta Nila.
Entre los casos abiertos en contra del ICBF está el de Sirley, quien trabajó 18 años como madre comunitaria en el sector Tierra Blanca de la Comuna 20. Por una queja que un padre de familia le puso al operador, su hogar fue cerrado sin ninguna garantía para la mujer que le había entregado casi dos décadas al oficio de cuidar niños ajenos. Y aunque los pequeños que tenía en su hogar fueron reubicados con rapidez, su situación laboral sigue a la deriva.
“Tuve un inconveniente con una niña del hogar en horas de no guardería y los papás pusieron una queja en el operador, pero agregaron mentiras. Yo estaba en embarazo y el ICBF me suspendió el seguro, ya tenía ocho meses, me estresé y por eso perdí a mi bebé. Después del pleito con el operador, me contrataron para hacer oficios varios allá en las oficinas, pero fue solamente durante la incapacidad. Aquí estoy sin trabajo, no me reconocieron los 18 años que estuve como madre comunitaria”, cuenta Sirley.
En Cali hay cerca de 2600 madres comunitarias. En sus hogares pueden tener máximo 12 niños.
