Municipios del centro y del norte del Valle, preocupados por la incesante violencia

El 12% de los habitantes del departamento son víctimas del conflicto armado, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Por Lina Uribe

Cartago es el municipio del Valle del Cauca que ha registrado un mayor incremento en los homicidios cometidos durante el 2017. De acuerdo con cifras de la Policía Valle, entre el 1 de enero y el 12 de noviembre se han cometido 60 asesinatos en este municipio mientras que el año anterior, en el mismo lapso, se reportaron 39. Y aunque las autoridades departamentales desligan la situación del conflicto armado, la comunidad sigue alerta y temerosa de que puedan repetirse escenarios de pánico antes vividos cuando grupos ilegales abundaban en la zona.

El coordinador de la Mesa de Víctimas de Cartago, Jesús Mario Corrales, ha sido blanco de múltiples amenazas durante los últimos meses. “Me tocó cambiar de teléfono porque las llamadas eran recurrentes sin importar la hora. Tenemos una alta preocupación ya que la agresión se ha venido incrementando no solo contra las víctimas del conflicto armado sino también contra la sociedad civil, contra personas que nunca habían vivido el horror de la guerra. En agosto hice una denuncia a nivel nacional por el incremento de los homicidios, pero al parecer a las autoridades nacionales no les importa esta situación”, asegura.

Cuenta Corrales que esta semana se reportaron tres desaparecidos, entre los que hay un menor de edad, pero el caso aún no sale a la luz pública. “La semana pasada también hubo una masacre de dos jóvenes en pleno centro de Cartago, el fin de semana hubo otra a las afueras del municipio. No queremos más víctimas ni por el conflicto armado, ni por el narcotráfico, ni por las bacrim. Los líderes a veces nos preguntamos cuál es la razón para seguir luchando por la defensa de los derechos humanos cuando nos sentimos solos, cuando las autoridades realmente no nos están acompañado en el tema de búsqueda de personas”.

Situación similar a la de Cartago la viven otros municipios como Palmira, Buga, La Unión, Buenaventura y Dagua, que siguen presentando los índices más altos de homicidios en el departamento y un incremento con respecto al 2016. En el caso de Tuluá, aunque los asesinatos han disminuido este año, es la segunda ciudad más violenta del Valle sin tener en cuenta la capital. Por su parte, Cali registra una disminución del 9,4% en la cifra de homicidios registrados entre el 1 de enero y el 30 de octubre del 2017 comparado con el mismo lapso del año anterior.

Con base en las cifras de la Defensoría del Pueblo, el 12% de los habitantes del Valle del Cauca son víctimas del conflicto armado, es decir, de los estragos del enfrentamiento entre el Estado, las Farc, el ELN y los Paramilitares. En el caso de Buenaventura, municipio que más víctimas acumula en los reportes, el 45% de sus habitantes han sufrido el flagelo de la guerra que se desató a mediados del siglo pasado.

“Si se hizo un acuerdo con las Farc se suponía que no iban a haber más muertos; si se está haciendo un acuerdo con el ELN, ¿por qué siguen entonces tantos derramamientos de sangre, por qué tantas madres continúan enterrando a sus hijos y otras ni siquiera los han encontrado? Es necesario llamar la atención de las autoridades departamentales, tanto de la Policía como del Ejército, porque la función de ellos es no permitir que ningún ciudadano caiga por perversidad de otro”, añade Jesús Mario.

Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en el Valle –que había logrado disminuir hasta un 20% en el 2016- obedece a múltiples factores entre los que sobresale la delincuencia común y las bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas. El asesor de paz del Valle, Fabio Cardozo, afirma que “La violencia no responde a un solo patrón. En sectores recostados al norte del Valle sigue existiendo el fenómeno del narcotráfico, eufemísticamente llamado ‘microtráfico’. Ahí continúan unos actores que generan tensiones, inseguridad y homicidios. En el caso de Cali sigue habiendo violencia la inseguridad que nos toca padecer diariamente”.

En cuanto a Palmira, Cardozo añade que las bandas delincuenciales enquistadas en la periferia de la cuidad aportan al incremento de la violencia y de la inseguridad, pues se dedican al pillaje, a la extorsión y al hurto callejero. “En Buenaventura diría que la mayor problemática es la ausencia de una institucionalidad mucho más robusta, el desafío es cómo logramos que el Estado tenga una mayor presencia para que mantenga la seguridad”, dice el asesor de paz.

Las Farc, en tregua

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, Fabiola Perdomo, asegura que en los últimos dos años no han tenido registro de ninguna víctima de las Farc en el departamento. “Los hechos victimizantes que se siguen presentando son por otros actores como el ELN y el Clan del Golfo, especialmente en la zona del Pacífico. Ahora, el ELN no ha vuelto a participar en este tipo de actividades, no los tenemos identificados en el Valle y un indicador importante es que se han bajado las emergencias humanitarias, los desplazamientos y, por consiguiente, las víctimas del conflicto armado”.

En el Valle del Cauca se tienen cuentas de 535.000 víctimas que están en distintos procesos de reparación e inclusión social y laboral. Según los informes de la entidad, el principal hecho victimizante es el desplazamiento a causa de la delincuencia común, la lucha por el territorio para el narcotráfico y el enfrentamiento entre el ELN con otros grupos armados para ocupar los territorios que habían desocupado las Farc.

“Por el hecho de haber quitado a las Farc del mapa, de tener un actor menos en el conflicto, la intervención del Estado tiene que ser más efectiva para que esos territorios libres no los ocupen otros grupos ilegales sino el Estado con fuerza pública, pero también con inversión social. Ahora estamos atentos a cualquier situación de emergencia humanitaria que se pueda presentar en Buenaventura producto del conflicto armado, pues la Defensoría del Pueblo dio una alerta”, explica Fabiola.

Uno de los aspectos que preocupa a la Unidad para las Víctimas es que municipios como Alcalá, Buga, Candelaria, Cartago, Dagua, Florida, Jamundí, Pradera, Roldanillo, Tuluá y Yotoco han utilizado un mínimo o nulo porcentaje del presupuesto que les otorgó la entidad para la atención humanitaria inmediata durante el 2017. “Estamos preocupados porque el nivel de ejecución es muy bajo. Si no utilizan estos recursos, el próximo año no van a ser priorizados para recibir subsidios y les tocará atender las emergencias humanitarias con recursos propios”, puntualiza Perdomo.

Angustia por las elecciones

En municipios situados en el centro y el norte del departamento, donde las contiendas electorales históricamente han desatado una ola de violencia superior a la que se vive en el resto de la región, se ha empezado a expandir la angustia por los apuros que puedan traer las próximas elecciones presidenciales (2018) y las de alcaldes y gobernadores (2019). “Tenemos una gran preocupación ahora en época de elecciones. ¿Cómo nos van a garantizar que ningún miembro de la sociedad civil y ningún líder social sea asesinado por no compartir ideales políticos de todas las personas que van a llegar a los pueblos a engañar a la gente y a comprar votos?”, plantea el coordinador de la Mesa de Víctimas de Cartago.

Ante esto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, asegura que el plan seguirá siendo el mismo que se ejecuta durante todo el año para garantizar la seguridad de los vallecaucanos: “Vamos a mantener las mismas medidas que hemos implementado, que es una articulación entre la Policía y el Ejército. Estamos haciendo ‘rutas seguras para la paz’ en los corredores de la zona rural con el apoyo de la Fiscalía y los organismos de inteligencia”, puntualiza Toro.

 

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