Serios cuestionamientos que había hecho en octubre del año pasado la Contraloría General de la Nación (CGN), sobre la ejecución del Plan Jarillón, fueron revelados en las últimas horas a propósito de la emergencia vivida en días pasados en Cali.
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En efecto, la Contraloría puso la lupa sobre temas como la falta de planeación, los retrasos en los tiempos de ejecución e incluso eventuales sobrecostos que se podrían generar para poder culminar el megaproyecto.
Mediante su Informe de Especial Seguimiento al Megaproyecto Jarillón de Cali, la Contraloría concluyó que “los porcentajes de avances por cada componente, desde 2012 hasta 2016 no son coherentes con los porcentajes de avances de los contratos celebrados, reflejándose cifras engañosas, por cuanto se puede interpretar que se hacen necesarias nuevas contrataciones para terminar las obras que se requieren para culminar la totalidad del Megaproyecto”.
Según el ente de vigilancia, “las cifras y porcentajes que muestra el Fondo Adaptación pueden interpretarse como caóticas y requieren en detalle una explicación amplia por parte de los entes ejecutores y contratistas encargados de sus avances, de acuerdo con las metas programadas”.
La Contraloría hizo énfasis en que “a la fecha, cinco años después de ocurrida la tragedia derivada de la ola invernal, no hay una respuesta para la población afectada, como tampoco una solución ni provisional ni definitiva para la población vulnerable, adicional al incremento que se ha generado por el asentamiento poblacional en la zona de riesgo”.
Se observa rezago y retraso en los contratos cuyos objetos impactan directamente en el avance del proyecto, en tanto que los contratos relacionados con prestaciones de servicios y consultorías al parecer se desarrollan en términos razonables”, dice también el Informe del ente de control y vigilancia.
Incluso, la CGN enfatizó que “resulta incomprensible el estado de contratos como “terminados” y que al mismo tiempo aparezcan en ejecución con porcentajes de avances irrisorios”.
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De hecho, el mismo ente de control y vigilancia había advertido el mes pasado sobre el riesgo que corre todo el oriente de Cali, frente a la fragilidad que amenaza el jarillón ante una eventual fractura o ruptura.
El riesgo de inundación por los múltiples problemas que afectan este sector es inminente, sumado a los riesgos no mitigables relacionados con la población que ilegalmente se ha ubicado en la zona y que se calcula en 7852 familias, las cuales necesitan ser reubicadas de manera prioritaria para evitar una tragedia”, anotó en diciembre de 2016 la Contraloría.
Este martes, el presidente Juan Manuel Santos visitó las obras del jarillón del río Cauca, a la altura dela estación de Paso del Comercio, desde donde instó al director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, y al alcalde de Cali, Maurice Armitage, a acelerar el paso con su ejecución.
“Mi llamado es a que aceleren (…) las conversaciones con las familias para reubicarlas a la mayor brevedad posible (…) Casi 8.000 familias que tienen que ser reubicadas, ya se han reubicado algo más de 2.000, pero faltan cerca de 5.000, un poco más de 5.000 familias”, sostuvo Santos.
