Personería de Cali presenta informe y evidencia el flagelo de la violencia contra las mujeres

Según datos del IV Informe Anual de Derechos Humanos de Santiago de Cali, elaborado por la Personería Municipal, el 26% de las mujeres asesinadas perdieron la vida por violencia doméstica.

Por HEINAR ORTIZ CORTÉS

El informe debe ser visto no con el objetivo de mostrar las problemáticas que afectan de manera directa a los habitantes de la ciudad, sino como un documento que quiere contribuir a la reflexión sobre la situación de los Derechos Humanos en Cali, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de las políticas públicas”. ANDRÉS SANTAMARÍA, PERSONERO DE CALI.

SOBRE EL INFORME
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páginas tiene el IV Informe Anual de Derechos Humanos de Cali, presentado este jueves por la Personería Municipal.

Con el objetivo de brindar a las autoridades y a la ciudadanía un diagnóstico sobre las principales vulneraciones que padecen los caleños, la Personería Municipal presentó este jueves el IV Informe Anual de Derechos Humanos en Santiago de Cali.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el personero Andrés Santamaría y su equipo brindaron un amplio panorama sobre las barreras y problemáticas que tienen los caleños en temas como salud, violencia intrafamiliar, seguridad, accesibilidad para la población en situación de discapacidad, calidad del agua, contaminación por ruido, entre otros.

En efecto, según el informe dado a conocer por la Personería este jueves, uno de los principales problemas que se viven en Cali es el de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. En lo corrido del año, al menos 69 mujeres han muerto por causas violentas en la capital del Valle, indica el informe.

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Según la Personería Municipal, al menos un 26% de dichas muertes ocurrieron por problemas sentimentales o por violencia intrafamiliar. “El Estado tiene la responsabilidad de sancionar los comportamientos de los agresores de las mujeres, por eso debemos garantizar una mejor preparación de los funcionarios encargados de atención a las víctimas de la violencia, además de una política pública ampliada en prevención y atención”, manifestó Santamaría.

El Personero recordó que las entidades encargadas de atender las denuncias de vulneraciones contra los derechos fundamentales de las mujeres de Cali son las Comisarías de Familia y la Fiscalía, a través del Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas por Violencia Intrafamiliar (Cavif).

Cabe mencionar que en 2014, según datos del Observatorio de Violencia Familiar de la Secretaría de Salud de Cali, se notificaron 3820 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 3007 tuvieron a mujeres como víctimas.

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Sin embargo, según Francelina Carabalí, defensora de los derechos de la mujer, las cifras podrían ser mucho mayores, pues en la mayoría de los casos “las mujeres sufren calladas y no denuncian”.

“Es que no hay la valentía para hablar, para denunciar e ir con las autoridades. Esto también pasa porque las barreras son grandes. Llega la mujer con el caso y hay que aportar una cantidad de pruebas. En muchos casos las autoridades no le creen a la mujer, y como es un acto vergonzoso, la mujer prefiere no seguir todo el proceso para denunciar”, explica Carabalí.

El panorama expuesto este jueves por la Personería en materia de violencia contra la mujer toma mayor relevancia ante el reciente caso de Jennifer García, una mujer de 28 años que murió el pasado lunes después de estar internada por 19 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Valle del Lili, tras ser brutalmente agredida por su expareja con un machete y una varilla.

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Mala atención en salud, la mayor queja

Los problemas que tienen los caleños para acceder al servicio de salud fue otro de los temas abordados por la Personería este jueves. El informe reveló que entre enero y octubre de este año, dicha entidad recibió 1504 quejas sobre el derecho a la salud.

“La mayor queja que recibe la Personería es por la negación en la prestación del servicio de salud y por una mala prestación del servicio”, añadió Santamaría.

Nelly Bedoya, personera delegada para el Centro para la Transparencia, aseguró que “las excusas de las EPS son los trámites administrativos”.

“El acceso a la salud se ve bastante afectado. Hemos tenido casos donde a la gente le dan las citas para el año siguiente y eso no puede pasar. Es verdad que a las EPS les hacen exigencias legales. Pero la ley dice que los trámites nunca pueden estar por encima de la salud de los pacientes”, sostuvo la funcionaria.

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