Miguel* compró su apartamento en Chía atraído por la ubicación, los precios bajos y la constructora que se lo ofrecía: Amarilo S.A.S. Cuando se enteró de la oferta (viviendas de interés social en un sector de estrato 4) casi de inmediato dio el dinero requerido. Sacó un crédito en el banco. Resolvió sus deudas con sus antiguos arrendatarios. Pidió el traslado en su trabajo. Le dijo a su esposa que renunciara al suyo mientras se acoplaban a la nueva casa. Trasladó a los niños de escuela. Se llenó de esperanza por habitar el que ha sido calificado por varios años como uno de los mejores municipios del país.
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Y es que a simple vista la compra era una ganga: casi 113 millones de pesos por un apartamento de 70 metros cuadrados en la región con los precios de la tierra más caros en Colombia. Para él y otros clientes de Amarilo, era impensado dejar pasar esa oportunidad.
Alardeó entonces. Le contó a sus amigos. Invitó a sus suegros a que también compraran apartamento (aunque fuera en obra gris). Calculó cómo mejorarían sus proyectos. Soñó cómo mejoraría su vida. Entre más pronto adquiriera su compra más beneficios recibiría.
Pero esa esperanza se transformó en temor al ser agregado a un grupo de WhatsApp llamado “Afectados Amarilo”, en el que más de 100 miembros compartían la misma situación: no podrían habitar los apartamentos porque una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalaba que no contaban con los servicios de alcantarillado y acueducto y que había un riesgo inminente para afectar aún más la cuenca del río Bogotá.
Al enterarse, a Miguel le comenzó la angustia. Ya firmada una cláusula de compraventa, se había comprometido a recibir el apartamento. Pero por la orden del Tribunal, no lo podía hacer. Y si se negaba a firmar las escrituras, su crédito en el banco podría ser negado. Entonces ya no tendría dinero para pagar el apartamento, y como ya había hecho todos los trámites para dejar su antigua casa, no sabría dónde vivir.
¿A quién acudir?, se preguntó. ¿Iniciar un pleito con Amarilo sería la solución? ¿Hacer un plantón o un escándalo? ¿O era mejor hablar con las autoridades municipales? No lo sabía.
Encontrar una solución era igual de enredado al lío jurídico que acababa de iniciar.
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La medida cautelar que impedía a Miguel habitar su nuevo apartamento se emitió por la crisis ambiental a la que se acerca Chía y que se viene gestando por más de dos décadas.
A los ríos que pasan por el municipio (estos son el río Frío y el río Bogotá) les ingresan aguas negras por 13 puntos. Para limpiarlas solo hay una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que no cubre todo el territorio y que es calificada como obsoleta, de acuerdo con las veedurías ciudadanas.
Dicha PTAR cuenta con más de 20 años de construcción y soporta los desechos de unas 80 mil personas, a pesar de que en Chía el número de habitantes es cercano a los 130 mil. Es decir, un aproximado de 50 mil personas descargas sus desechos directamente a los ríos o en pozos sépticos.
Ante esta situación, la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, prohibió la construcción y la habitabilidad de viviendas en zonas aledañas al río Bogotá y que no tengan sistemas de tratamiento de aguas negras. La medida la emitió el 9 de agosto de este año, aunque ya venía alertando sobre la contaminación ambiental desde el 2007.
Justamente, Amarilo S.A.S. y otras empresas (como la Constructora Bolívar) hicieron conjuntos de apartamentos en Chía sin la infraestructura suficiente para proteger los ríos, de acuerdo con la magistrada Villamizar. Los proyectos que suspendió están en las veredas La Balsa y Samaria, muy cerca del centro comercial Jumbo.
Tan solo Amarilo tiene cinco proyectos en aquella zona (estos son Madero, Sorrento y Naranjo I, II y III) y está iniciando otros dos. Y aunque asegura que ha invertido 16 mil millones de pesos para mejorar las líneas de acueducto del lugar, falta un sistema eficiente que frene la contaminación que ya se produce. Por ejemplo, hace cinco años el Consejo de Estado le ordenó a Chía que construyera cuatro PTAR antes del 2025, pero ninguna ha sido terminada. Es más, tres aún ni siquiera se han empezado.
Dentro de este contexto, compradores de buena fe de Amarilo temen a perder su inversión, ya sea por la desvalorización de sus apartamentos, la falta de garantías en materia de servicios públicos o por la inoperancia de las autoridades municipales, que aprobaron la construcción de los apartamentos sin aquellas PTAR, a pesar de los posibles daños ambientales.
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El 19 de octubre, más de 150 personas citadas por Amarilo esperaban afuera del auditorio municipal a que les explicaran porqué tenían tantos problemas para habitar los nuevos apartamentos que la constructora les había vendido en Chía.
Entre el tinto, la lluvia y la indignación, los compradores se decían las razones: que no había PTAR que soportara el aumento de las aguas negras, que inicialmente era prohibido construir en el lugar, que la administración municipal no había respetado las normas ambientales y que no había servicios públicos, entre muchas otras.
En los diálogos persistía una pregunta: “Y si había todos esos problemas, ¿por qué no nos avisaron?”. Las respuestas eran un jum, arrugando la frente, subiendo los hombros y mostrando la palma de las manos.
Tras varios minutos, las puertas del auditorio se abrieron, permitiendo el acceso al grupo, que ya se acercaba a los 300 individuos. Entraron parejas, viejos, jóvenes, adultos y niños. Entre la multitud estaba Miguel, suponiendo el tipo de información que recibiría: largas justificaciones técnicas y jurídicas, acompañadas de un lenguaje culto por parte de los asesores, que le permitiría a la constructora hacerse a un lado de la responsabilidad directa del problema.
No esperaba, eso sí, lo que proyectaba el video beam del auditorio: la imagen de una familia sonriente, llena de paz, abrazada en un paisaje de ensueño y al atardecer, adornaba con los símbolos y la paleta de colores de Amarilo. Tanta calma sí que era virtual, pues lo que persistía en Miguel y los clientes era la incertidumbre sobre el futuro de su proyecto de vida en Chía.
Cuando el primer piso estaba casi lleno, se reprodujo un video de seguridad que curiosamente finalizaba diciendo “relájese y disfrute la función”. Miguel se sentó lejos del equipo de asesores de la constructora, en el que se encontraban Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, y Jose Hernán Arias, representante legal de Amarilo.
En la charla se mostró cómo se moduló la medida cautelar del Tribunal. Una modulación es un ajuste temporal a la orden judicial mientras los señalados como responsables de los daños reparan los hechos. Con esto se busca que los ciudadanos afectados no reciban grandes impactos.
Los asesores indicaron que tras largos diálogos con la magistrada Villamizar se permitió de nuevo la habitabilidad y continuar con las obras de los proyectos de vivienda, con la condición de que en dos meses aseguraran la protección del río. Y aunque fueron enfáticos en que los servicios públicos serían responsabilidad de Amarilo, poco destacaron que sería durante unos meses. En específico desde el 27 de septiembre al 30 de noviembre, que es el tiempo que dura la modulación.
Por ello a los asistentes nos los abandonan ni las dudas ni el miedo ni la indignación. Mientras ocurría la charla, Miguel comentaba de manera constante: “Tanto problema se pudo evitar si desde un inicio el municipio no hubiera dado las licencias de construcción y si Amarilo hubiera sido honesto con las personas antes de que compraran sus apartamentos”.
Más del 70% de las familias accedieron a un crédito para pagar su vivienda. Miguel es uno de ellos, y su zozobra es muy parecida a la que aqueja a otros ciudadanos: sumergirse en una deuda de 100 millones de pesos si se niegan a recibir el apartamento, porque el banco ya no desembolsaría el crédito que adquirieron y la firma de la compraventa los obliga a cerrar el negocio con Amarilo.
En el auditorio, una mujer preguntó más de dos veces sobre esta situación, a pesar de que eso sembrara el descontento y fuera chiflada. Pero cómo no insistir si desde diversas fuentes le han dibujado un panorama tétrico. Afirmó que la administración municipal se desentendía del problema y que hacía responsable a Amarilo. Un abogado le aseguró que si ella habitaba su nueva casa, posiblemente sería castigada jurídicamente, pues también sería responsable de contaminar el río.
Otro comprador aseguró que sin tener los servicios públicos ya había recibido las facturas de la Empresa de Servicios Públicos de Chía (EMSERCHÍA).
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El principal argumento de Amarilo para justificar la construcción de los apartamentos en la zona que ha sido fruto de la disputa jurídica es que “el derecho a la vivienda no se puede tocar cuando se tiene una licencia de construcción”, explicó el exministro Henao.
“Cuando se construye en suelo urbano se tiene proyectado cumplir con los servicios públicos. Nosotros no construimos en suelo rural. Se le solicitó a la administración municipal los permisos de ocupación. Ya se pueden habitar, vender y remodelar nuestros apartamentos. Hoy cumplen con todas las condiciones del mercado”, dijo Henao.
Y, claro, están dentro del margen. La Dirección de Urbanismo efectivamente les brindó las licencias de construcción. Pero, tal como se pregunta la magistrada Villamizar, ¿por qué se las concedieron si no habían servicios públicos asegurados, si aún no está construida la segunda PTAR del municipio y si hay claros riesgos de dañar la cuenca del río Bogotá?
La CAR tampoco se lo explica, aunque sí tuvieron conocimiento de ello. En el 2016 concertaron el último Plan de Ordenamiento Territorial de Chía bajo unos condicionantes. Entre ellos, la construcción de una nueva PTAR en el municipio. Es decir, se permitió el crecimiento del municipio y el aumento de las zonas de expansión urbana (296 hectáreas) sin que aún se tuviera la infraestructura para sostenerlo.
José Vicente Gutiérrez Torres, director regional de la CAR Sabana Centro, explicó que «el POT de Chía se concertó respetando la autonomía municipal y la buena fe de sus dirigentes. Frente a esto añadió: “creemos en la palabra y en la gestión del alcalde Leonardo Donoso”.
Y a la falta de las PTAR se suma que la proyección de Chía se ha reinvertido, pues el último POT (el del 2016) fue suspendido en mayo de este año, entre varias razones porque la Alcaldía no hizo las socializaciones pertinentes con la comunidad.
Ahora rige el documento que se hizo para la década del 2000. Y es así como, por ejemplo, viviendas de 3 pisos en veredas como Fagua o La Balsa (donde está el proyecto de Amarilo) volvieron a ser zona rural y no urbana.
Ya lo dijo el exministro Henao, los servicios públicos se tienen que asegurar cuando se construyó en suelo de uso urbano. ¿Pero ahora qué pasará con dicho cambio? Entre la comunidad persiste la siguiente expresión: “la situación está en veremos”.
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Miguel se vio en la obligación de firmar las escrituras de su apartamento, a tan solo unos días de que finalice la modulación de la medida cautelar del Tribunal. De otro modo, ¿cómo aseguraría dónde vivir? No tuvo otra alternativa para defender su inversión y su dignidad, pues sabe que no tiene forma de iniciar un pleito jurídico con Amarilo S.A.S. y que a la administración municipal poco le importa su suerte. Y así, cientos de familias que le compraron a Amarilo. Cada una con sus miedos; todas habitando en el limbo.
Su situación, llena de zozobra e indignación, la podrían vivir 420 mil personas más que llegarían al municipio si se construye en la totalidad de zonas autorizadas en el POT del 2016. De acuerdo con el diagnóstico para el Plan de Desarrollo Municipal de la actual alcaldía, se espera que la población crezca a unos 550.000 habitantes en los próximos años. Esto se daría si aquel POT vuelve a entrar en vigencia.
En respuesta a un derecho de petición, la Dirección de Ordenamiento Territorial señaló que “por el riesgo de inundaciones y flujos torrenciales existenten en las rondas o zonas de protección del sistema hídrico, en ellas no se permitirán (…) construcciones permanentes, salvo puentes, vías peatonales e infraestructuras de servicios. En consecuencia, en estas zonas no se permitirán urbanizaciones ni construcción de viviendas, comercios, industrias ni establecimientos institucionales”.
Las medidas para proteger el medio ambiente son escazas: la primera es la justicia, ya sea con el Consejo de Estado o el Tribunal de Cundinamarca. Ambas entidades han ordenado a los municipios de la Sabana a que se proteja el medio ambiente. Pero, ante el panorama que vive Chía, se evidencia que las órdenes escritas no aseguran que – por ejemplo – se construyan las PTAR necesarias.
La segunda es la máxima autoridad ambiental: la Corporación Autónoma Regional. Sin embargo, tal como lo dijo su director regional en Sabana Centro, “lo único que podemos hacer es sancionar económicamente, ya sea al municipio o al alcalde, e invertir ese dinero en acciones que ayuden al medio ambiente”. También afirmó que ya se adelantan algunas sanciones, pero que aún falta un largo proceso para que se impongan, y que no pueden prohibir el licenciamiento de construcciones pues no está entre sus competencias.
Las soluciones van a paso lento, mientras siguen muriendo los ríos.
*El nombre fue cambiado por petición de la fuente.
