La radiografía de los casos de abuso sexual contra menores de edad en la capital, es alarmante.
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Según un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, basado en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá 3148 menores de edad han sido víctimas de presuntos delitos sexuales, entre enero y noviembre de este año.
Llama la atención que del total de casos presentados en la ciudad (3148), 2259 han afectado directamente a las niñas y jóvenes, convirtiéndose en el público más vulnerable ante esta aberrante problemática.
Isabel Cuadros, psiquiatra y directora ejecutiva de la Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil, explicó en conversación con PUBLIMETRO que esta última situación prevalece en cada rincón del planeta: “Es universal, porque la mayor parte de los abusadores son hombres adultos, generalmente pedófilos y heterosexuales; y la mayor parte de las víctimas son niñas. Según cifras, una de cada cuatro niñas a nivel mundial es víctima de abuso sexual”.
Para contrarrestar un poco la situación, la profesional resalta la importancia de creerle a los menores cuando denuncian algún tipo de violencia sexual: “lo más importante y lo que es completamente confiable es cuando el niño relata el abuso sexual; pero además de eso tenemos ver si el niño tiene pesadillas, está triste o tiene resistencia a determinados sitios o personas, porque eventualmente el abuso sexual produce estrés postraumático. Hay que estar pendientes de su estado emocional”.
Por ello, recomienda tener una supervisión estrecha de las personas que tienen contacto con los niños: “hay que tener unos canales de comunicación abiertos y francos, decirles no a los secretos; hay que decirles que no pueden permitir que nadie les toque la zona privada; y en las instituciones hay que poner códigos de conducta. En nuestra página web tenemos un curso de prevención del abuso sexual”.
Un sistema lleno de falencias
Uno de los puntos que más preocupa es que los procedimientos burocráticos de las entidades sean la piedra en el zapato para que prosperen los procesos contra los agresores sexuales.
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“El problema de las cifras es grave, pero es mucho más grave lo que está pasando en la justicia, porque según la misma Fiscalía, el 98% de estos casos terminan en la impunidad. Eso pasa por muchas razones, pero una de las más importantes es porque no hay recursos para hacer una buena investigación judicial”, aseveró la directora ejecutiva de la Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil.
Asimismo, denunció que los profesionales encargados de velar por el bienestar de los menores están utilizando el concepto de Síndrome de Alienación Parental (definido como un conjunto de síntomas que manifiestan los hijos cuando uno de los padres los manipulan) para evaluar los casos de agresión sexual: “quienes lo defienden (Síndrome de Alienación Parental ) son un son un sindicato de abusadores sexuales, que dicen que el menor no es víctima de abuso sexual, sino que la madre, porque tiene rabia contra el padre, ‘aliena’ al niño para que diga que lo victimizaron sexualmente. En los juzgados y comisarías lo usan, produciendo una revictimización muy grave de la madre y el menor. Es una concepto de gente misógina, mal informada”.
PUBLIMETRO conoció el caso de la líder de ‘Madres Sin Rostro’- un grupo de mujeres víctimas del sistema de justicia- quien relató que además de ser afectada por su expareja- un reconocido actor de la farándula criolla- tuvo que luchar contra los mecanismos institucionales que durante años vulneraron su proceso: “Desde que yo me casé fui víctima de violencia intrafamiliar, al igual que mis hijos”.
Por tal razón, tomó la decisión de separarse. Tras el divorcio, la mujer notó que los menores llegaban golpeados después de visitar a su papá: “yo empiezo a solicitar a los psicólogos que investiguen lo qué está pasando porque los niños no quieren visitar a su papá…. La alerta es que mi hijo mayor, que en ese momento tenía seis años, le manifiesta a un docente que se quiere matar por culpa del papá. Para mí este un tema de alarma, por lo que llego a la Comisaría de Familia de Suba para solicitar una evaluación exhaustiva de lo que está sucediendo”.
Para ese entonces, la comisaria encargada del caso le dijo al victimario los niños estaban siendo “víctimas de alienación parental” por su expareja.
“Inicia el proceso y tras tener pruebas de que los niños están siendo víctimas de un presunto abuso sexual infantil y de violencia intrafamiliar, no se tienen en cuenta. Todo empieza a correr en mi contra. Tal era la animadversión y el prevaricato de la comisaria, que el agresor nunca necesitó un abogado para quitarme la custodia de mis hijos, que quedó en manos de los abuelos paternos”, agregó.
Tal fue la inoperancia de la justicia, que le exigieron pagar tratamiento terapéutico para restablecer el vinculo de los niños con el agresor y además a cancelar en varias multas económicas por no obligar a sus hijos a restablecer dicho vinculo.
Tras interponer una tutela, en tercera instancia la justicia finalmente falló a su favor: “por solicitud de la Corte Constitucional me otorgan la revisión de la tutela, y me amparan la custodia de los niños. El señor magistrado determina que tanto los menores como yo hemos sido víctimas por la negligencia del Estado, y compulsa, por primera vez en Colombia, copias ante la Fiscalía en contra de una comisaria por prevaricato”.
Actualmente, cursa el proceso en contra de la funcionaria de la Comisaría de Suba; a la vez que se adelantan las investigaciones por inasistencia de alimentos, violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo agravado en menor de 14 años contra el agresor, quien hoy día sigue campante, saliendo en televisión y firmando autógrafos.
