¿Cultura, tradición, maltrato o tortura?, la respuesta ha sido el eterno debate en torno a lo que significan las corridas de toros. consulta anti taurina
PUBLICIDAD
A los aficionados y contradictores les sobran argumentos de por qué deberían o no prohibirse en nuestro país, sin embargo, el tema ha pasado desde hace tiempo de lo que creemos o no correcto al debate jurídico.
Fue así como surgió la Ley 1774 de 2016 que penaliza el maltrato animal, sin embargo esa misma Ley en un artículo exceptuaba de la pena el maltrato cuando estuviera en el marco de espectáculos culturales. No obstante, después la Corte Constitucional, mediante la sentencia 041 de 2017, declaró inexequible ese artículo, pues en palabras más palabras menos, consideraba lo mismo maltratar a un perro en la calle que a un toro en la plaza. En ese sentido la Corte le dio dos años al Congreso para resolver este punto; aún falta cerca de un año para se acabe el plazo.
“La Corte Constitucional consideró que no tiene sentido que se penalice el maltrato a unos animales, pero que se permita el maltrato a otros, casi que dijo que hay que tener coherencia legislativa. Entonces le dio tiempo al Congreso de la República para que termine eso o para que tome medidas para que el animal no experimente sufrimiento o dolor. Si no lo ha hecho en dos años, el maltrato animal en estos espectáculos podría ser penalizado, es decir, un torero podría ser procesado judicialmente por maltrato animal”, le contó a PUBLIMETRO Natalia Parra, directora de la Plataforma Alto.
¿Y la consulta qué?
Ahora bien, antes de conocer la decisión de la corporación, la Corte Constitucional dio un nuevo anunció en las últimas horas, que tiene relación con la consulta anti taurina que se venía gestando desde la Alcaldía de Gustavo Petro y que incluso el mismo Enrique Peñalosa había dado muestras de voluntad para llevar a cabo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó en las últimas horas que es el Congreso de la República y no una autoridad local, quien debe prohibir los espectáculos taurinos, fue por eso que anuló el fallo que había ordenado a la Alcaldía de Bogotá realizar una consulta popular sobre las corridas de toros.
¿Está usted de acuerdo, SÍ o NO, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá Distrito Capital?, era la pregunta con la que se pretendía llevar a las urnas.
PUBLICIDAD
Javier Suárez, quien cerró la Plaza de Toros cuando fue director del Idrd en la Alcaldía de Petro y actual candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, expresó que esta decisión es un “atentado contra los mecanismos de participación ciudadana”.
Por ahora este tema ahora quedó en vilo, pero no la esperanza de terminar con el sufrimiento de los toros y demás animales, pues los ciudadanos comprometidos con esta causa, desde sus posiciones, le pondrán la lupa al Congreso para que de una vez por todas resuelva esta polémica.
PUBLIMETRO además se comunicó con Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior
¿Cómo toma el Gobierno la decisión de la Corte Constitucional frente a la consulta antitaurina?
Desde el comienzo entendemos que la abolición de las corridos de toros es del ámbito del congreso, eso lo sabemos desde hace años y por eso lo que hizo el Gobierno Nacional fue presentarle un proyecto de Ley al congreso. La posición es que se acaben las practicas de maltrato animal y las corridas de toros a nivel nacional.
Entonces esto no supone un obstáculo al objetivo del Gobierno ni a la iniciativa que ya se presentó y que ya pasó el primer debate en la comisión séptima de la Cámara; su segundo debate inició en la plenaria de Cámara en los últimos días de diciembre, pero no alcanzó a votarse y por eso esperamos tan pronto se re inicien las sesiones ordinarias del Congreso (16 de marzo) se pueda votar la iniciativa.
El congreso decidirá sobre la situación en Bogotá, ¿qué esperan?
Confiamos además que el congreso decida y se pronuncie, porque de no hacerlo, la misma Corte Constitucional- en la sentencia 041/17- estableció que el maltrato animal, aunque sea en el marco del espectáculos culturales quedaría prohibido y penalizado con cárcel, entonces los toreros que maltraten a un animal en el marco de una corrida de toros quedarían expuestos a un riesgo penal, si el Congreso no toma una decisión.
