La Contraloría General de la República, en la más reciente auditoría adelantada a la Policía Nacional, evidenció graves irregularidades en el manejo de los recursos de la institución en Bogotá.
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En ese sentido, los resultados de la inspección relevaron alarmantes aspectos, que ponen en riesgo la seguridad de todos los habitantes de la capital.
El primer punto que llamó la atención de la Contraloría está relacionado con las cámaras de vigilancia. “Al momento de efectuarse la auditoría no se evidenciaron gestiones para el mantenimiento de las cámaras en la Capital, lo que afecta gravemente la prestación del servicio y la seguridad en la ciudad”, informó la entidad.
Este aspecto está relacionado con falta de operatividad, por deficiente mantenimiento, de más del 50% de las cámaras que integran el Sistema de Video Vigilancia en la ciudad de Bogotá, que hace parte del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).
Así derrochan gasolina en la institución
El contrato para el suministro de combustible fue otro de los aspectos que llamó fuertemente la atención del ente de control, dado que se encontró que se han llenado los tanques de gasolina de vehículos que no pertenecen a la Policía.
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“Tan solo en el contrato de suministro de gasolina, se habrían detectado pérdidas superiores a los 800 millones de pesos y el daño fiscal podría ser mayor, en la medida que el contrato se encontraba en ejecución durante el proceso auditor, y el monto evaluado correspondió a las reservas presupuestales del año 2016 involucradas en la financiación del contrato” , enfatizó la Contraloría.
Todo esto con recursos públicos
Estaciones de Policía sin construir y demoras en la construcción de otras, así como dobles pagos por actividades realizadas, fueron algunas de las irregularidades detectadas por la entidad de control en aspectos de infraestructura.
De acuerdo con le informe de la Contraloría, frente las obras contratadas, con recursos públicos, se identificó que en algunos contratos la Policía Nacional, con el aval de las interventorías, pagó actividades que no habían sido ejecutadas por los contratistas: “Uno de los casos detectados fue un Convenio de Asociación de 2009, donde con recursos de la Policía se realizaron una serie de pagos que no estaban debidamente justificados, situación que generó un presunto hallazgo fiscal por valor de $247,65 millones”.
La Contraloría ya inició un proceso de responsabilidad fiscal para determinar la culpabilidad de los involucrados.
Entre tanto, PUBLIMETRO intentó contactarse con la Policía Metropolitana de Bogotá para obtener su versión de estos alarmantes hechos, sin embargo, la institución no respondió. Asimismo, este medio quiso indagar del tema con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, pero la entidad capitalina tampoco asumió la vocería del tema.
