Moreno deberá responder por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en un caso en el que también serán imputados los contratistas Orlando Fajardo Castillo y Jaime Buenaventura Quintero Sagre, según recoge un comunicado de la Fiscalía.
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El exalcalde Moreno purga una condena de 18 años de prisión por corrupción dentro de una trama que también involucra a su hermano Iván, condenado a 14 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia, por sus vínculos con el «carrusel de la contratación», en el que recibieron millonarias coimas por adjudicar obras viales en Bogotá a contratistas.
«En relación con el contrato Tunjuelo-Canoas, la investigación empieza a avanzar con resultados muy específicos en determinación de personas que han participado en este caso de soborno, motivo por el cual se ha dispuesto la imputación» de Moreno, Fajardo y Quintero, detalló en una rueda de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Fajardo está imputado por los delitos de «peculado por apropiación», «interés indebido en la celebración de contratos» y «cohecho por dar y ofrecer», mientras que sobre Quintero pesan acusaciones por los delitos de «falsedad ideológica en documento público» y «peculado por apropiación».
En referencia a la investigación acerca del préstamo que hizo el Banco Agrario por 120.000 millones de pesos (unos 41,15 millones de dólares) a Odebrecht y a la Sociedad Navelena S.A.S., de la cual hacía parte, Martínez también anunció nuevas imputaciones.
Deberán responder ante la justicia los funcionarios del banco Mónica Santamaría, Hernando Gómez Vargas, Juan Carlos Ojeda y Alejandro Jiménez por el delito de administración desleal.
Además, y por el mismo delito se hará una nueva audiencia para la formulación e imputación de cargos por el mismo delito a la entonces vicepresidenta de Crédito y Cartera del banco Marcela Ferrán y a Irliana Barahona, quien se desempañaba como gerente de Crédito y Cartera.
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El Banco Agrario es una entidad financiera estatal que tiene el objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural.
Martínez también detalló que el procurador general (fiscal) de Brasil, Rodrigo Janot, envió una comunicación en la que informa de la terminación mañana del plazo de confidencialidad «respecto de los acuerdos de colaboración suscritos entre la autoridad brasileña y personas relacionadas con la compañía Odebrecht».
Sin embargo, dijo que ha efectuado una solicitud «al Supremo Tribunal Federal de Brasil de suspender la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con otros países diferentes de Brasil y que hagan parte de la colaboración de la empresa con las autoridades de ese país».
El fiscal también informó que ha ordenado remitir al Consejo Nacional Electoral «la declaración de los fiscales delegados en la ciudad de Sao Paulo por parte de Eleuberto Martorelli (expresidente de Odebrecht en Colombia) para que esa declaración obre dentro de los acopios probatorios de la investigación que lleva a cabo».
Martorelli confesó que le entregó un millón de dólares a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos para elaborar una encuesta en 2014, sin embargo Martínez dijo que ese testimonio «no ofrece ningún elemento de prueba adicional».
