En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo un debate álgido por un proyecto de ley que quiere legalizar el servicio privado de transporte que se presta a través de plataformas tecnológicas como Uber o Cabify.
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Este proyecto de ley es una iniciativa popular presentada y liderada por Gonzalo Araújo Muñoz el 22 de noviembre de 2016.
De acuerdo a esta iniciativa, el Gobierno deberá reglamentar los requisitos necesarios para los prestadores de servicio privado de transporte. Igualmente, la Superintendencia de Puertos y Transporte será la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del servicio.
Igualmente, los proponentes de esta iniciativa señalan que en el país se han presentado acciones violentas por parte de los prestadores de servicio público que se encuentran legalmente establecidos. Por esto, con esta propuesta se quiere terminar las diferencias entre los prestadores de servicio público y privado.
Los motivos por los que surge la iniciativa popular son seis. El primero es que se van a incluir nuevas tecnologías para la oferta y prestación de servicios en diferentes sectores. Además, según ellos, los taxis han generado un monopolio. El segundo es el fomento de la economía colaborativa. El tercero es que en la sentencia C-033 de 2014, los ponentes manifestaron que las entidades que regulan el transporte en Colombia han favorecido los intereses de las empresas de taxi por encima del interés de los usuarios.
El cuarto es aceptar las nuevas realidades que existen en el país porque debido a la mala calidad de prestación del servicio de taxis se han consolidado actores como Uber o Cabify que prestan un servicio con mayor calidad y seguridad. El quinto es que estas plataformas han innovado en el servicio y ahora existen más alternativas en el transporte público. Por esto, se ha reducido la congestión en las calles y ha servido como ingreso para quienes se encuentran desempleados. Y finalmente, según los proponentes hay un marco normativo que permite la creación de transporte especial en el país.
Para el estudio del proyecto se solicitó el concepto de diferentes instituciones como el Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Puertos y Transportes, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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Hasta el momento, la única entidad que manifestó su concepto fue la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta institución apoya parcialmente el uso de estas plataformas. Por un lado, no quiere que se establezca un régimen de precios dado que esto afecta la libertad económica.
Por otro lado, la SIC no quiere que se limite el transporte privado al uso de plataformas tecnológicas porque esto genera una restricción para otras formas de transporte que quieran innovar y no usan este tipo de tecnologías. Además, según la SIC, hay usuarios que no cuentan con medios electrónicos de pago, dispositivos electrónicos y planes de datos.
Las otras entidades no se pronunciaron porque debido a la tragedia en Mocoa, los representantes no pudieron estar presentes. Sin embargo, para muchas entidades es clara la posición de estas instituciones.
Por ejemplo, la empresa Transportes Circular manifiesta que “hay una falta de articulación en los ministerios. Para el MinTic son aplicaciones tecnológicas que gozan de legalidad. Pero, para el Ministerio de Transporte no tienen el reconocimiento ni la aprobación de funcionamiento por lo tanto son ilegales”.
Los problemas del transporte privado
Uno de los coordinadores ponentes es el representante a la Cámara, Carlos Guevara, del partido político MIRA, quien se opone a que se legalice el transporte privado porque “se violentan los derechos del transporte de carga, las empresas dedicadas a la mensajería y así, se genera un desorden en las leyes que ha planteado el Ministerio de Transporte porque es un servicio público y que cuenta con una vigilancia especial”.
Además, Guevara critica el hecho de que Gonzalo Araújo haga parte de Uber porque “este proyecto no recoge la visión de todas la plataformas tecnológicas”.
“Bienvenidas las plataformas tecnológicas, pero respetando el ordenamiento jurídico vigente”, afirmó Guevara.
Igualmente, plataformas como Uber generan problemas en el sector bancario porque “no hay una seguridad jurídica de las transacciones que se hacen a través de estas plataformas porque todas las cuentas están en el exterior”, señaló Guevara.
El representante también afirmó que “otro problema es que como es una iniciativa ciudadana, los representantes a la cámara no tienen la facultad de cambiar una sola coma, ellos determinan qué se modifica y qué no. Estamos legislando para una empresa en particular y no para un desarrollo tecnológico más amplio”.
Igualmente, con la implementación del transporte privado, no solo se ven afectados los taxis sino también el gremio del transporte especial. Una de estas empresas es Transporte Circular. El gerente de esta compañía y representante legal de este grupo de personas es Alfonso Silva.
Silva cuenta que “Transporte Circular es una empresa que está vinculada al sector de hidrocarburos, servicios escolares y turísticos. Brindamos dos tipos de servicios. Una es la rutas a los empleados de un punto a otro desde los sitios de trabajo. Y otra modalidad es de oferta y demanda. Es en esta segunda donde nos hemos visto más afectados con la aparición de Uber, ya que la gente está buscando la inmediatez, y para brindar nuestro servicio, las personas tienen que llamar con un día de anterioridad. Entonces, como ya saben que existen este tipo de plataformas no nos llaman, especialmente en el sector de turismo y las personas de las oficinas”.
Según Guevara, esta discusión continuará el 18 de abril, día en el que se discutirá el proyecto planteado por Gonzalo Araújo y en el que se espera que haya una mayor asistencia de los representantes de las entidades que convocaron para su estudio.
