La Fiscalía anunció en una audiencia pública que entre 2007 y 2010 llevó a cabo acuerdos ilegales con su hermano Iván Moreno Rojas y los particulares Álvaro Dávila Peña, Emilio Tapia Aldana y Manuel Sánchez Castro. Estos hechos son penalizados como concierto para delinquir agravado.
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Estos acuerdos se realizaron para firmar nombramientos a funcionarios en altos cargos directivos, tales como secretarios de despacho y directores de entidades administrativas distritales. De esta forma, se violó la Ley 80 de 1993, que establece las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales mediante la selección objetiva y transparente de la contratación pública.
El Fiscal delegado en este proceso explicó que «desde su candidatura a la alcaldía de Bogotá, estableció acuerdos que se vieron reflejados en aportes por parte de Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez a la campaña de Samuel Moreno Rojas con el propósito de que nadie ajeno a sus propósitos interfiriera en la millonaria contratación pública de la capital».
En esta audiencia participaron testigos claves que estuvieron implicados en el carrusel de la contratación. Algunos de ellos son el exsecretario de salud, Héctor Zambrano Rodríguez y otros como Emilio Tapia, Álvaro Dávila Peña, Hector Julio Gómez y Manuel Sánchez Castro.
Posterior a esta audiencia, se va a realizar un juicio en el que se mostrará la forma en que se pactaron estos acuerdos desde la candidatura de Samuel Moreno Rojas hasta su elección. Además, se explicará cómo en su Alcaldía fueron repartidos los cargos para puestos en el IDU, la Secretaría de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Secretaría de Integración Social y la Unidad de Mantenimiento de Servicios Públicos de Bogotá.
Este es el tercer proceso penal en su contra en el carrusel de la contratación. Actualmente, Samuel Moreno Rojas se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía. Su pena inicial fue de 18 años, pero fue aumentada a 24 por el Tribunal Superior de Bogotá por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009, un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá.