Las bancadas del Partido Liberal y Alianza Verde convocaron a un debate en el Concejo de Bogotá en el que se habló sobre la situación de la prostitución en la ciudad.
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Desde el 2016, de acuerdo al Plan de Desarrollo del Alcalde Enrique Peñalosa, la Secretaría de la Mujer es la entidad encargada de atender el fenómeno de la prostitución.
De acuerdo a la Secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, “la única zona especial de servicio de alto impacto en donde está reglamentada la prostitución es el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires”.
No obstante, “no todas las zonas especiales de servicio de alto impacto están asociadas a la prostitución. También, hay unas que se delimitan porque generan un impacto sobre la zona o los vecinos como por ejemplo, los sectores en los que debe transitar carga pesada”, como explica Vélez.
“Una de las cosas que se quiere incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es que la prostitución está presente en todas las localidades de Bogotá y no solamente en el barrio Santa Fe. Así, se quiere reglamentar por uso y no por actividad. Por esto, es necesario desligar la discusión de lo territorial y coordinar espacios de atención social”, afirma Vélez.
Para la Secretaria es importante entender que el ejercicio de la prostitución ha cambiado. “Hoy en día ha migrado a la virtualidad y las redes sociales. Sin embargo, porque se haya transformado no significa que no se puede brindar atención social”.
Nuevas leyes frente a la prostitución
La sentencia 594 de 2016 de la Corte Constitucional surgió porque el 20 de enero de 2016, un grupo de mujeres estaba sentado, hacia las 4:30 PM en la Plaza de la Mariposa en San Victorino de Bogotá y fueron abordadas por la Policía. Los agentes las agredieron, les quitaron sus zapatos y las condujeron a la UPJ de Puente Aranda.
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La acción de la Policía se presentó en un contexto en el que se hicieron operativos para la recuperación del espacio público y bajo la presunción de que todas las mujeres que estaban allí presentes ejercían trabajo sexual por su forma de vestir. No obstante, no todas las capturadas se dedicaban a la prostitución.
Por estos hechos, dos de las mujeres presentaron una acción de tutela en contra de diferentes instituciones estatales para “solicitar la protección de su derecho al trabajo, a la integridad personal, al debido proceso, a la libre circulación, a la no discriminación en razón de su dedicación laboral y a estar libres de violencia”, como está planteado en la sentencia.
Tras este caso, la Corte Constitucional emitió la sentencia 594. La organización Pares en Acción – Reacción Contra la Exclusión Social (PARCES) acompañó este caso. Su director, Alejandro Lanz, explica que esta legislación establece que “la Policía no puede perfilar a la gente por la forma como se viste, no se puede utilizar la política de recuperación de espacio público para sacar a las trabajadoras sexuales”.
Igualmente, la sentencia establece una serie de obligaciones a entidades como el Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La Secretaria de la Mujer explica que “una de nuestras obligaciones es sensibilizar a los policías para evitar la violencia policial y la estigmatización a las trabajadoras sexuales. Igualmente, la política pública debe hacerse de una forma participativa. Así, en las discusiones no solo intervendrán organizaciones de trabajadoras sexuales, sino que también pueden participar prostitutas de todos los estratos, establecimientos presentes en la ciudad”.
“Es importante que estas políticas públicas se hagan con un enfoque de género porque es un problema de las mujeres y de la población LGBTI. La prostitución de hombres heterosexuales es muy baja”.
Otra de las instituciones que está obligada a intervenir es el Ministerio de Trabajo porque como explica Lanz, “hasta el momento no ha sido capaz de regular los derechos de las trabajadoras sexuales. Por esto, la sentencia lo obliga a garantizar los derechos laborales de estas mujeres”.
Dejar atrás los prejuicios sobre la prostitución
Uno de los trabajos que adelanta la organización PARCES es desmitificar los prejuicios que existen alrededor de la prostitución. “Para nosotros es importante que se separe el trabajo sexual de la explotación sexual, ya que el segundo es un delito. Así, se puede respetar la voluntad de las personas que se dedican a este oficio”, señala Lanz.
“Existen numerosos prejuicios contra las trabajadoras sexuales. Muchas personas creen que son delincuentes, portadoras de VIH o ladronas. Esto lleva a que se presenten una serie de violencias que atentan contra los derechos fundamentales de esta población. Por esto, nuestra tarea es mostrar que no se puede seguir agrediendo a las personas en razón de su actividad”, explica Lanz.
Vélez afirmó que “cualquier cosa que nos da miedo nos lleva a generar un montón de prejuicios. Muchos creen que las trabajadoras sexuales lo hacen por lujos o porque no pueden hacer nada con su vida. Sin embargo, nosotros le explicamos a la gente que este fenómeno va más allá y combatimos los estigmas con información”.
