Bogotá

Samuel Moreno y otros funcionarios a pagar por desfalco de carrusel de la contratación

La Contraloría General de la República ratificó el fallo en el que el exalcalde de Bogotá y otros funcionarios tendrán que pagar definitivamente por uno de los robos más grandes que ha sufrido la ciudad.

Desfalco del carrusel de la contratación
Archivo EFE Desfalco del carrusel de la contratación

A Samuel Moreno y los implicados en el carrusel de la contratación les tocará pagar 174.996 millones de pesos por el desfalco del carrusel de la contratación. La decisión fue ratificada por la contralora General de la República, Gloria Amparo Alonso, quien confirmó el fallo a pesar de los recursos de apelación que se presentaron.

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La decisión, por el desfalco del carrusel de la contratación, cobija no solo al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, también a los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez; el exsubdirector Jurídico de este mismo instituto, Inocencio Meléndez, la firma Conalvías y otros contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule (los hermanos Manuel y Miguel Nule y su primo Guido Nule), por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de Transmilenio en la calle 26 (contrato 137 de 2007).

En un comunicado la Contraloría señaló que “la cuantía total de este fallo, por el desfalco de la carrusel de la contratación, con responsabilidad fiscal asciende a la suma de $174.996.471.896,54 y la decisión cobija también a los contratistas que decidieron modificar el contrato  IDU 137 de 2007 en cuanto a su precio y alcance a través de adiciones al valor global, exclusión de obras, reconocimiento de factores multiplicadores de Contingencia F1 (costos administrativos) y F2 (costos de mano de obra)”.

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El primer fallo lo había dado la contralora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Caroline Urrego, quien señaló en su momento que uno de los mayores detrimentos se dio en las tres adiciones que se le hicieron al contrato, que un principio tenía un costo de 315.580 millones de pesos, sin justificación alguna. El ingreso que se autorizó fue por un valor de 107.505 millones de pesos.

 

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