Una insólita situación con el proyecto de simplificación tributaria enredó el debate que se iba a dar en el Concejo, luego de que el secretario de la Comisión de Hacienda publicara para debate en sesión plenaria un texto que ya había sido corregido por los concejales.
El cambio del texto fue destacado por la concejal María Victoria Vargas, quien aseguró que «en la comisión de presupuesto se aprobó de una manera y se publicó de otra» y exigió que se levantara la sesión.
Así, el proyecto debió ser retirado del debate, en un caso «macondiano» que provocó una mayor oposición e, incluso, comentarios de que lo sucedido podría convertirse en un caso de un proyecto «rezado».
La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, se tomó la situación con humor. «Esperemos que no esté rezado y esperemos que podamos sacarlo adelante la semana entrante», aseguró, y añadió que se llamará a sesiones extraordinarias a los concejales para votar la propuesta de acuerdo.
La sesión legislativa del Concejo de Bogotá de 2016 ha aprobado proyectos de acuerdos de gran importancia para el futuro de la ciudad, aunque según los cabildantes opuestos al alcalde Enrique Peñalosa, estos proyectos no han contado con una adecuada discusión por ser aprobados «a la carrera».
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El último de estos proyectos que desató la polémica fue la aprobación de más de 817.000 millones de pesos en los presupuestos de los próximos 10 años para la financiación de programas educativos como los «colegios en concesión», el cual fue aprobado este miércoles.
Para representantes de partidos que no hacen parte de la coalición que apoya a Peñalosa, la aprobación de este y otros acuerdos propuestos por el Distrito de manera expedita, a veces de un día para otro, se puede llegar a convertir en un problema mayor debido a que no se analiza de manera adecuada temas que involucran la financiación estatal.
«Por esta vía de tramitar de forma express una serie de proyectos están algunos concejales poniendo casi un pie en la ilegalidad. Hacen una aprobación a pupitrazo limpio sin que se exijan por un lado los estudios debidos, y por el otro, que se cumplan legalmente todos los requisitos», aseguró el concejal del Polo Democrático Álvaro Argote a RCN Radio.
Esto, incluso, ha afectado proyectos como el de los ajustes al impuesto predial, el cual se enredó en su trámite y llegó a ser catalogado como un proyecto «rezado» por parte de algunos cabildantes (ver recuadro).
¿Viejas mañas?
El voto en bloque de los 34 concejales de la coalición peñalosista en el Concejo es, según la exconcejal de Progresistas Diana Alejandra Rodríguez, un acuerdo que proviene incluso de los tiempos en los que este mismo grupo hacía oposición desde el cabildo a Gustavo Petro en el período anterior.
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«Antes éramos más o menos 12 los concejales que estábamos en la bancada oficialista con Petro, pero actualmente no hay quien haga control político en el Concejo. Los concejales de Bogotá tienen la obligación de hacer el control previo a los proyectos, no posterior», explicó Rodríguez en diálogo con PUBLIMETRO.
Proyectos como el de los colegios en concesión o el cupo de endeudamiento, según la exconcejal, que habían sido presentados en la administración anterior y rechazados por la entonces coalición opositora por motivos políticos, ahora estarían pasando sin el análisis adecuado y por los mismos motivos políticos.
El reglamento interno del Concejo permite que los concejales puedan votar en bloque cuando no hay modificaciones a los artículos, pero si hay oposiciones o pedidos de discusión, estos artículos entran a discusión y debate en comisiones o son eliminados en plenarias. Por tanto, según el secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, la «celeridad» de aprobación de los acuerdos se debe a un trabajo previo.
«Venimos de más de un mes de trabajo donde se exponen y presentan los proyectos, se reciben inquietudes, se presentan y modifican las ponencias, donde se hace un debate en comisión. Por lo tanto, buena parte de los debates que llegan a las plenarias son debates que han madurado», aseguró Uribe, quien ha servido como enlace entre el Concejo y la Administración Distrital.
Pero según Rodríguez, esta posición es falsa. «Hicieron que los concejales votaran las vigencias futuras del metro sin enviarles los estudios técnicos», aseguró. De hecho, el representante a la Cámara Germán Navas Talero demandó esta elección ante la Fiscalía por tratarse de una votación a un proyecto sin bases técnicas.