Este jueves personal del CTI de la Fiscalía realizó una inspección judicial a la Secretaría General del Concejo de Bogotá debido a la denuncia por supuestas irregularidad en las vigencias aprobadas para financiar la primera línea del metro.
En ese sentido, se recolectaron documentos y elementos relacionados con el acuerdo logrado. Adicionalmente, la investigación preliminar fue asumida por el despacho de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
El representante a la Cámara Germán Navas Talero del Polo Democrático, conocido por haber destapado los escándalos de la “yidispolítica” y las irregularidades en la financiación de la campaña del referendo para la segunda reeleción, denunció al Alcalde, Enrique Peñalosa; el secretario de movilidad del Distrito, Juan Pablo Bocarejo, y 28 concejales de la ciudad por la supuesta comisión en el delito de prevaricato.
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Hace pocos meses, exactamente a finales del mes de abril, se aprobó en el cabildo el plan de vigencias futuras para financiar la primera línea del metro de Bogotá.
El Proyecto de Acuerdo 642 del 2016 se autorizó al Alcalde Mayor para participar con otras entidade distritales, en la constitución de la Empresa Metro de Bogotá S.A. y las vigencias futuras excepcionales.
Pero el veterano representante asegura que el acuerdo se aprobó sin los requisitos legales necesarios, puesto que no se contaba con los estudios técnicos.
“Al proyecto de Acuerdo no se adjuntaron los estudios técnicos de definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, debidamente aprobados por la oficina de Planeación de la entidad territorial, que son un requisito legal requerido para que las vigencias futuras excepcionales, como las que fueron autorizadas por el Concejo. Es más, sé que los mencionados estudios siguen sin ser presentados”, dice Navas.
La Ley 1483 de 2011 establece que para aprobar las vigencias futuras excepcionales en Bogotá, por ejemplo, es necesario cumplir unos requisitos entre los cuales se encuentra los estudios técnicos mencionados por el congresista. Estos debían definir obras prioritarias e ingeniería detallada del proyecto.
Es por eso que la demanda asegura que el alcalde, el secretario de Movilidad y los 28 concejales que lo aprobaron, habrían incurrido en prevaricato.
Concejales sabían la irregularidad
El demandante señala que los cabildantes estaban advertidos de la irregularidad, ya que en la sesión en la que se discutía su aprobación, los concejales Diego Molano, Jairo Cardozo y Emel Rojas presentaron constancias al respecto.
“Es obvio que no se podría hablar de una errónea interpretación o de ignorancia de la ley, que tampoco les serviría de excusa. La contradicción entre su actuar y el derecho positivo es palpable, lo cual constituye un prevaricato” dice Navas.
