Defensoría recibió 25 quejas por intervención del Bronx

El anuncio, realizado este martes, señala que hubo posibles violaciones a los derchos humanos durante la intervención de la "L"

Por PUBLIMETRO/CB

Luego de la intervención realizada en el Bronx por parte de la Alcaldía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo asegura que 25 personas se acercaron a esa entidad para denunciar presuntos atropellos que derivan en violaciones a derechos humanos.

“Diez ciudadanos, debidamente identificados, manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas”, informó la Defensoría.

Además, aseguraron que les quitaron sus celulares y dinero en efectivo que llevaban en ese momento, y que, además, nunca fueron devueltos.

Por otro lado, que no fueron notificados en ningún momento del procedimiento ni de los motivos del mismo.

“En su relato ante la Defensoría, agregaron estas 10 personas que en el caso de sus hijos menores de edad, pese a que el ICBF comprobó que estaban en buenas condiciones de salud, debieron enviarlos al Huila con el resto de su familia, pues no les permitieron mantenerlos a su lado”, asegura la entidad.

Las siete personas restantes, por su parte, también identificadas con nombres y apellidos, denunciaron uso excesivo de la fuerza, pérdida de documentos y que no tienen sitio para dormir ni para trabajar.

Otros tres ciudadanos dijeron ser víctima del conflicto armado, por lo que hace doce años vivían y trabajaban en la “L”, argumentando que no tenían otra alternativa. Sin embargo, aclararon que estaban allí en calidad de arrendatarios y que no cuentan con antecedentes penales ni judiciales.

Suman otros tres bogotanos, dos mujeres y un hombre, quienes dicen ser comerciantes en el oficio del reciclaje. Las mujeres, por su parte, dicen ser madres cabeza de familia, que tienen una empresa legalmente constituida, la cual está registrada ante la Cámara de Comercio.

Al respecto mencionan que tienen empleados a su cargo y que ninguno de ellos es consumidor de droga.

“Una de ellas sostiene haber sido afectada con la aprehensión injustificada de 7 millones de pesos representados en dinero efectivo y materias primas, situación similar a la ocurrida (de conformidad con su denuncia) al otro comerciante, padre de dos menores de edad y quien dice que las autoridades le decomisaron 8 millones de pesos en dinero efectivo y materiales como cobre y aluminio”, asegura la Defensoría.

Una pareja de hermanos, por su parte, dicen ser propietarios de un inmueble en el sector de la “L”. A la Defensoría llegaron con número de matrícula inmobiliaria, y documentos que los acreditan como los dueños de tres vehículos (un camión, un automóvil y un campero).

En su testimonio dijeron que en el inmueble de su propiedad habitan dos personas mayores en calidad de arrendatarios, quienes debido a la intervención en el sector, no tienen alimentos y se les está vulnerando el acceso a sus garantías fundamentales.

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