Personas que no pueden llegar a sus centros de trabajo, retrasos en la entrega de mercancías, despidos, pérdidas en clientes y dinero.
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Es la otra cara de la estrategia del gobierno para combatir el “huachicoleo”, como se conoce al robo de combustible que, según empresarios, está causando una crisis de abasto de gasolina que afecta a 7 de los 32 estados del país.
El problema surgió después del plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir las redes de robo de combustible creadas en las últimas décadas y que provoca al Estado unas pérdidas por 60.000 millones de pesos al año, unos US$3.000 millones.
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La estrategia consistió en cerrar las válvulas de al menos cuatro de los 13 oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar que las bandas de "huachicoleros" (ladrones de combustible) extrajeran gasolina de los ductos, pero con ello se interrumpió también el suministro a decenas de ciudades en los estados de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.
Organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dicen que las pérdidas de esta semana son de 1.250 millones de pesos (US$66 millones) en tres estados.
Es el dato de una encuesta realizada a 3.500 empresarios en Michoacán, Querétaro y Guanajuato.
