El gobierno de Nicaragua anunció este miércoles una "suspensión temporal" de la presencia de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la violencia durante las protestas contra la presidencia de Daniel Ortega.
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La decisión se produce en vísperas de la presentación de un nuevo informe sobre la situación en el país centroamericano y poco después de que el gobierno nicaragüense también ilegalizara a la principal organización defensora de derechos humanos del país.
En una carta dirigida a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la que forma parte la CIDH, la Cancillería dio por suspendida la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El canciller nicaragüense Denis Moncada dijo que esta determinación se mantendrá "hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua" por parte de la CIDH y de Almagro.
La CIDH, que ha sido bastante crítica de la actuación de las autoridades nicaragüenses desde que iniciaron las protestas, confirmó que recibió la carta, pero expresó su desacuerdo.
"La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington D.C.", indicó el organismo en un comunicado.
"Para ello continuará en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos", añadió.
