Maricela contó que le daban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin explicarle por qué. Y describió cómo empleados del centro de detención inmovilizaban a otra niña mientras un médico le ponía una o dos inyecciones.
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Cuando Maricela se quejó sobre recibir demasiada medicación, con el doctor del centro para niños inmigrantes en Texas (EE.UU.), este le dijo no tener control sobre esas dosis.
"Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo… me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas", dijo.
Este es el testimonio que la migrante menor de edad compartió con abogados que hicieron visitas durante casi un año a la residencia administrada por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).
Al menos cuatro menores más dieron testimonios similares a los de Maricela, lo que llevó a los abogados a demandar al centro de tratamiento Shiloh, ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Houston, ante una corte federal de Los Ángeles (California).
La parte acusadora argumentó que ORR administraba a los internos "múltiples drogas psicotrópicas sin importar los deseos o necesidades del niño", según se lee en la demanda.
Los trabajadores del centro defendieron sus prácticas al decir que administraban los fármacos "solo en casos de emergencia" cuando los "extremos síntomas psiquiátricos" del niño representaban un peligro.
Pero la jueza Dolly Gee descartó ese argumento y el lunes ordenó al gobierno de EE.UU. solicitar autorización de padres, representantes legales o una orden judicial antes de dar fármacos psicotrópicos a estos niños, excepto si es una emergencia.
