Más de 2.300 niños que ingresaron en el país de forma irregular fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos entre el 5 de mayo y el 9 de junio como parte de la política de "tolerancia cero" que el gobierno de Donald Trump puso en marcha este año.
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El número continúa creciendo, al igual que las críticas al trato que están recibiendo los menores, ya que salieron a la luz las infraestructuras con forma de jaulas en las que están siendo retenidos y muchos de ellos tienen edades en las que les es imposible entender dónde se encuentran y por qué sus padres no están con ellos.
Algunos hablan de traumas que durarán toda la vida, y hasta comparan la situación de los niños con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. A esto se sumó este martes la decisión de Trump de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En Arizona, Antar Davidson trabajaba hasta la semana pasada en uno de los centros en los que estos niños esperan a que se decida su futuro y el de sus progenitores: si pueden quedarse en territorio estadounidense o si serán devueltos a sus países.
Un empleo con el que no tenía problemas hasta hace poco más de un mes, cuando las cosas empezaron a cambiar.
Davidson era empleado de Southwest Key, una organización sin ánimo de lucro que regenta varios albergues para menores en Texas, California y Arizona.
