Como cada día, el ecuatoriano Pablo Villavicencio recorría el pasado 1 de junio las calles de Nueva York repartiendo comida a domicilio para ganarse la vida y mantener a su familia.
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Pero algo fue mal aquel viernes.
Cuando llegó a la base militar de Fort Hamilton, en Brooklyn, para entregar una pizza encargada por algunos de los militares allí destinados, fue retenido y después entregado a la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que se proceda deportarlo..
Villavicencio es uno más de los inmigrantes indocumentados contra los que el gobierno de Donald Trump hace campaña y sobre los que ha ordenado un endurecimiento de la vigilancia.
Casado con una ciudadana estadounidense con la que tiene dos hijas pequeñas, lleva diez años viviendo en Estados Unidos a la espera de un permiso de trabajo.
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No era la primera vez que entregaba pizzas en la base. Hasta ahora, mostrar su documento de identidad de la ciudad de Nueva York le había bastado, pero esta vez no fue así.
Las autoridades locales neoyorquinas expiden estos documentos a todos los residentes extranjeros, estén en situación regular o no en el país, para que no teman denunciar delitos o participar como testigos en un juicio si es necesario, y también para que puedan acceder a los servicios sociales.
