Un juez de Estados Unidos anuló este jueves el fallo que declaraba "responsable" al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por la muerte de civiles durante las protestas registradas en 2003 en el país sudamericano que hicieron caer al gobierno.
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Familiares de ocho indígenas aimaras que la policía mató durante los sucesos habían interpuesto una demanda civil contra el exmandatario y el ministro de Defensa en aquella época, Carlos Sánchez Berzaín.
Los deudos los acusaban de ordenar al ejército boliviano usar la fuerza para reprimir las manifestaciones durante la llamada "Masacre de octubre", que dejaron un saldo de más de 50 muertos.
En abril, un jurado civil de Estados Unidos los declaró responsables de las ejecuciones extrajudiciales y los obligaba a indemnizar con US$10 millones a los demandantes.
La sentencia no contemplaba pena de cárcel por tratarse de un caso civil.
Sin embargo, el juez federal James Cohn emitió este jueves un fallo firme y dijo que la evidencia presentada al jurado había sido "legalmente insuficiente" al considerar que los demandantes no presentaron pruebas de un "plan concebido para matar civiles".
Los acusados, por lo tanto, no deberán pagar las indemnizaciones fijadas previamente por el jurado.
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Los demandantes dijeron que apelarían "inmediatamente" este fallo.
"No creemos que hayamos perdido, esto es solo un obstáculo", dijo el letrado Thomas Becker.
Otra de las abogadas de los familiares, Judith Chomsky, aseguró que el caso no ha terminado y que apelarán porque el jurado había llegado a la conclusión "correcta".
El jurado declaró el 3 de abril a ambos acusados responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de asesinatos intencionados, lo que según el equipo de defensa de los exfuncionarios bolivianos era una "incoherencia".
