La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez y la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, se reunieron la semana pasada con los principales mandatarios locales de la costa Caribe para informar sobre la venta de Electricaribe.
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“Nuestro compromiso con el Caribe sigue intacto. Estamos con los nuevos alcaldes y gobernadores de la región presentándoles el proceso de venta de los activos de Electricaribe, con el que buscamos solución estructural al problema de prestación del servicio de energía eléctrica”, dijo Avendaño en la reunión.
La caída de la Ley de Financiamiento llevó a analizar de nuevo aspectos como la tasa nominal y la deducción del IVA en los bienes de capital lo que alteraría el valor que un posible comprador podría pagar por Electricaribe.
“La gente quiere entender por qué la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento mueve la subasta de Electricaribe. Les vamos a explicar (a los mandatarios) el proceso y por qué se aplazó la subasta”, explicó la ministra.
El Gobierno Nacional tenía previsto realizar la subasta de Electricaribe a finales del presente año para tener uno o varios operadores ya en funcionamiento en el primer semestre de 2020.
La gobernación del Atlántico actual y otros analistas locales han manifestado que esperan que la oferta sea dividida en dos para que lleguen varios operadores o se dé la posibilidad de una sola empresa. La idea es que los inversionistas operen con un centro común y después se separen.
“Es muy importante tener certeza del marco tributario para realizar la subasta. También les explicaremos las inversiones que Electricaribe hará en 2020, las cuales suman 860.000 millones de pesos y que ya se están contratando”, dijo Suárez.
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Gobierno como inversionistas, están a la espera de la reforma tributaria que salga del Congreso y que reemplace la Ley de Financiamiento para continuar con la subasta de Electricaribe en febrero del 2020.
Los costos
A partir de octubre de 2019 comenzó a regir una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora a nivel nacional que deberán pagar los usuarios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 en el país, los usuarios comerciales e industriales y los no regulados del servicio de energía eléctrica. Esta medida, que se introdujo por medio del Plan Nacional de Desarrollo, no tendría, en promedio, un impacto mayor a 1.000 pesos al mes en la factura mensual de los residenciales.
Con esta medida se espera garantizar la prestación del servicio de Emcartago y Electricaribe.
