Después de su cinematográfico escape, la exsenadora Aida Merlano continúa generando polémica. Desde las investigaciones realizadas sobre su caso, el año pasado, son pocos los detalles que han salido a luz sobre cómo operaba está maquinaria política para obtener jugosos cargos públicos comprando conciencias con el voto popular en el Atlántico.
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En las pasadas elecciones del 11 de marzo de 2018 a Senado y Cámara de Representantes fue descubierto el fraude de votos liderado por la campaña de la exsenadora, votos con los cuáles alcanzó su curul en el Senado de la República.
En horas de la tarde, al final de la jornada electoral del año pasado, el comando político de la candidata al Senado, del partido Conservador, ubicado en la calle 81B con carrera 68, barrio El Golf, al norte de Barranquilla, fue allanado por las autoridades de la Dijín.
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Allí incautaron varios computadores, donde tenían registrado todo el movimiento electoral que realizó ese domingo. Durante el allanamiento, las autoridades hallaron 261 millones de pesos en cajas fuertes, certificados electorales, cuatro armas y 50 mercados.
«Allí se encontraron 200 certificados electorales aproximadamente, seis personas fueron capturadas, se incautaron 261 millones de pesos que estaban en caja fuertes y cuatro armas de fuego», dijo el comandante de la policía de Barranquilla de ese momento, Mariano Botero.
Estas mismas maniobras habrían sido utilizadas por la abogada para ascender en los peldaños de la política local. Primero como líder civil en sectores populares y después como diputada del Atlántico desde 2011 hasta su renuncia en 2014 bajo la tutela de la familia Gerlein y el Partido Conservador del cual fue una fiel seguidora. En 2014 fue miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Atlántico hasta 2018.
¿Cómo funcionaba la compra de votos?
Los investigadores de la Fiscalía le siguieron el rastro a cómo funcionado esta sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.
De acuerdo a las investigaciones, explicadas en audiencia pública a los medios de comunicación, en total, durante la campaña, se habrían repartido más de 6 mil millones de pesos para obtener su curul. Adicionalmente, se logró la incautación de abundante documentación, entre la que figuraba: Certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas, fotocopias de cédulas de ciudadanía, documentos y planillas electorales, listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos, formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto, organigramas detallados de seguimiento y operación.
Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.
Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Cada voto era pagado a 40 mil pesos, con un subsidio de 5 mil pesos de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.
La cifra: De acuerdo a las investigaciones en total, durante la campaña, se habrían repartido más de 6 mil millones de pesos para obtener la curul de Aida Merlano.