Un estudio de la Superintendencia de Puertos y Transporte concluyó que Barranquilla es la ciudad con los mejores resultados en la lucha frontal que las autoridades locales y el Gobierno Nacional adelantan en contra del transporte informal en toda Colombia.
PUBLICIDAD
Los resultados se dan sobre los 209.890 comparendos de Tránsito asociados con infracciones relacionadas con la informalidad impuestos en los años 2015 y 2016, por valor de $64.241 millones.
Las autoridades de Transito incrementaron 13 por ciento la imposición de estos comparendos, pasando de 98.641 en 2015 a 111.249 en 2016: resultado del trabajo conjunto para fortalecer el sector formal y sancionar a todos aquellos que violan las normas de transporte.
Barranquilla encabeza la imposición de estas sanciones, al pasar de 7.418 a 21.536, registrando un incremento de 14.118 (190%).
También se destacan por sus resultados Santa Marta (253%: de 529 a 1.871) y Armenia (41%: de 1.180 a 1.661). Bogotá solo creció 8 por ciento: de 11.562 a 12.502 comparendos. Al comparar la imposición de comparendos por cada 10.000 vehículos matriculados, la capital del país, que cuenta 2,2 millones de vehículos, impuso 55 comparendos, mientras que Barranquilla, con 166.337 vehículos (13 veces menos), impuso 1.295 (23 veces más). “La única forma de combatir la informalidad es con controles. A menor informalidad, más seguridad y calidad del servicio para los usuarios; no podemos dejar de lado la gran afectación económica que viene causando a los Sistemas de Transporte Masivo y, en general, a todo el transporte formal. La informalidad es un trabajo que empobrece, no genera sostenibilidad del sector y, lo más preocupante, no ofrece estabilidad laboral”, indicó Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.
Un claro ejemplo de los buenos resultados que trae la lucha contra la informalidad es el de Barranquilla, en donde, según su secretario de Tránsito, Fernando Isaza, el Sistema Masivo Transmetro ganó 27 por ciento más de pasajeros diarios: pasó de 104.000 en 2015 a 132.000 en 2016.
Motociclistas infractores
PUBLICIDAD
La clasificación de comparendos de los últimos dos años (209.890) por tipo de vehículo –según cifras del Simit– revela que el 78 por ciento (163.714) fueron impuestos a vehículos de servicio particular (la mitad corresponden a motocicletas), y el 22 por ciento restante a vehículos de servicio público.
El aumento de los controles a los motociclistas se refleja, por ejemplo, en Barranquilla, donde el incremento fue del 279 por ciento: pasó de 3.006 en 2015 a 11.404 en 2016; Cali registró un alza del 79 por ciento, pasando de 575 a 1.029. Medellín bajó de 5.729 comparendos en 2015 a 3.084 en 2016: redujo en 2.645 (-46%); Montería cayó 68 por ciento al imponer solo 456 comparendos el año pasado: 959 menos que en 2015; Cartagena también decreció: pasó de 914 en 2015 a 99 en 2016 (-89%).
Estas dos últimas ciudades afrontan un grave problema de mototaxismo y su falta de estrictos controles permite la proliferación del transporte informal. Jaramillo señaló que, a nivel nacional, el aumento en los controles a los motociclistas fue clave para lograr un incremento del 24 por ciento en la imposición de comparendos, pasando de 35.258 a 43.779.
Sanciones a conductores y pasajeros El informe estadístico también analizó los comparendos por tipo de infracción, y evidenció que el Plan de Choque contra la Informalidad refleja buenos resultados: la imposición de comparendos por usar vehículos particulares para prestar servicio público pasó de 39.899 en 2015 a 45.118 en 2016, para un crecimiento de 13 por ciento.
Barranquilla ocupa el primer lugar de conductores sancionados por esta infracción: 5.900 en 2016 (3.286 más que en 2015). Bogotá y Santa Marta también aumentaron sus estadísticas en esta materia: la capital del país impuso 1.598 comparendos más que en 2015, para un total de 2.530 el año pasado; y la capital del Magdalena pasó de 388 a 1.806. Por el contrario, Cartagena y Montería sorprendieron con caídas del 61 por ciento (de 2.037 a 788) y 70 por ciento (de 1.515 a 453), respectivamente. “El Gobierno respalda los esfuerzos de los municipios en la lucha contra el transporte informal y, en consecuencia, será más exigente en la medición de los indicadores”, advirtió Jaramillo. Frente a los comparendos a pasajeros que no cumplen las normas y, por ejemplo, contratan servicios de transporte no autorizado para movilizarse en las ciudades, se registraron 120.764 comparendos en Colombia durante 2015 y 2016. Barranquilla sigue dando ejemplo al pasar de 3.896 multas impuestas en 2015 a 13.118 en 2016 (237%).
Prestar servicio de transporte con bicicletas, triciclos y vehículos de tracción animal también es una infracción en la que Barranquilla se destaca gracias a su eficacia en los controles: en 2016 impuso 2.518 comparendos, frente a los 908 de 2015 (177%).
Vehículos inmovilizados La ciudad que más vehículos inmovilizó en los últimos dos años, por concepto de infracciones relacionadas con la informalidad, fue Barranquilla: 2.194 en 2015 y 4.609 en 2016 (aumentó 110%); Santa Marta inmovilizó 1.251 vehículos el año pasado (389% más que en 2015), mientras que Cali creció 21% (de 2.531 a 3.066).
No obstante, Jaramillo aseguró que una de las problemáticas que hoy tienen algunas de las principales ciudades es la falta de espacio en los patios de Tránsito, razón por la cual hoy se dejan de inmovilizar muchos vehículos infractores, y esto hace que no se complete la sanción. “Es importante que los municipios hagan uso de la Ley de Patios (Ley 1708 de 2014)”, agregó.
$5.223 millones, en riesgo La Supertransporte logró determinar que de los $64.241 millones en comparendos por informalidad impuestos en los últimos dos años ($29.125 en 2015 y $35.116 en 2016), los infractores han pagado voluntariamente $8.753 millones (14%); mientras que $41.934 millones (65%) están en trámite administrativo y $8.330 (13%), en otra clase de proceso.
El 8 por ciento restante (7.727 comparendos), equivalentes a $5.223 millones, está en riesgo de caducar debido a la falta de gestión administrativa en las Secretarías de Tránsito y Movilidad de las ciudades, y si no se adoptan medidas urgentes terminarán engrosando la cartera de presuntas caducidades, correspondiente a $2.309 millones que los municipios habrían dejado de gestionar, y que propiciarían el vencimiento de 3.469 comparendos (2% del total) impuestos por informalidad entre 2015 y 2016. “De nada sirve aumentar los controles en contra de la informalidad, si las Secretarías de Tránsito no cobran las multas impuestas. Además de inmovilizar vehículos, a los infractores hay que tocarles el bolsillo para que entiendan que violar la ley trae sus consecuencias. Así que es inadmisible que por falta de gestión administrativa en los municipios miles de conductores infractores queden impunes en todo el país”, concluyó Jaramillo.
