Hoy en día, ser niño en Cali no es tan fácil como jugar ‘ponchado’ y comer dulces. Los menores de la capital del Valle del Cauca están expuestos a la violencia en el seno de sus familias, en sus escuelas y en los barrios.
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En efecto, el panorama es preocupante: en lo que va corrido del 2016, 36 niños y niñas han muerto de manera violenta en la ciudad. Es como si en menos de cinco meses hubieran asesinado a todos los menores de un salón de clase.
Son 36 pequeños a los que en un 90% de los casos, según lo señala esboza el psicólogo Edward Hernández, personero delegado para Menor y Familia, las balas les arrebataron la vida.
“Nos preocupa que esto corresponde a al menos un 10% del total de homicidios de Cali. Pero más allá de la cifra, lo que preocupa es cómo están muriendo; porque pese a que a nivel nacional se tomó la decisión del Plan Desarme, los niños y niñas siguen cayendo por armas de fuego. La gran pregunta es qué está pasando con esta medida. ¿Realmente se está garantizando la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes?”, se preguntó el funcionario.
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Héctor Hugo Montoya, personero Municipal del Cali, aseguró la situación de los menores en la ciudad es compleja y que están en un riesgo “altísimo”. “Mire por ejemplo los menores que mueren con el tema de las balas perdidas, de los proyectiles que reciben sin tener ninguna culpa, sin tener nada que ver con los conflictos que se viven a diario en la sociedad. O por cruzar las barreras invisibles”, dice el representante del Ministerio Público.
Hernández agrega que muchas de estas muertes ocurren además porque en muchos sectores de la capital del Valle del Cauca, los menores están “creciendo solo, en una situación de calle”. “Son niños que llegan del colegio y de una se van para la calle, porque están sin control, las familias están fracturadas y hay personas inescrupulosas que se aprovechan de esto, de la necesidad de atención y cuidado que ellos tienen”, explica.
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Es en este momento donde pandillas e incluso grupos delincuenciales más consolidados y relacionados con organizaciones criminales nacionales, como las llamadas ‘bacrim’, reclutan a los niños y niñas de la ciudad, con la falsa promesa del dinero fácil y una supuesta inmunidad ante la ley colombiana por el hecho de ser menores.
Sin embargo, esto es una falacia. Hernández indica que hace siete años en Cali existía solo un centro de reclusión y formación de menores infractores, con capacidad para unos 150 muchachos. Pero en la actualidad, ya hay cuatro de estos establecimientos, con más de 780 chicos que ha cometido algún crimen.
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Luz Marina Higuita es la directora del Centro de Formación Valle del Lili, donde hay menores entre 14 y 18 años, internados por cometer crímenes que van desde el hurto y el tráfico de estupefacientes, hasta la extorsión y el homicidio, pagando penas de hasta seis años de reclusión.
“La familia es el núcleo de la sociedad y la que permite que los niños vayan por un buen camino fundamentado en valores y principios. Lastimosamente, las familias hoy en día en Cali son disfuncionales; el papá vive en una parte y la mamá en otra. Además de eso, no hay buenas oportunidades laborales. Entonces, vemos casos donde la mamá está sola, hay dos o tres hermanitos más, y los muchachos deciden salir a delinquir para llevar un sustento”, señala Higuita.
Tanto la Directora del Centro de Formación como los representantes de la Personería, aseguraron que es necesario que el Estado ponga mayor atención en invertir más en la creación de programas educativos y laborales para las familias menos favorecidas y los niños y niñas en riesgo.
“Hay que hacer campañas de prevención desde el Municipio y el Departamento, para que estos hechos no se presenten. Brindarles más oportunidades a los niños y jóvenes, que puedan estudiar y trabajar después”, manifestó Higuita.
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“Tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestros niños. La visión es que son pocos los sitios para internar, pero realmente la pregunta debe ser sobre las estrategias, programas y acciones de las autoridades que se están implementando para prevenir la delincuencia juvenil”, añadió Hernández.
Al respecto, Nicolás Orejuela, jefe de gabinete de la Alcaldía de Cali, manifestó que la Administración Municipal trabajará para disminuir la brecha de desigualdad en la ciudad, en temas como alimentación y educación, para así garantizar la protección de las familias y los menores.
“Entendemos que si queremos hablar de futuro, tenemos que enfocarnos en las nuevas generaciones. Necesitamos una Cali sin hambre. Y no es solamente que todo el mundo cuente por lo menos con una ración diaria, sino qué se les está entregando a estos niños y jóvenes. El reto es que tenemos gran cobertura en los jóvenes de la educación media básica, pero tenemos una ausencia de cobertura en los niños que van de cero a siete años. Eso lo vamos a resolver”, aseveró el funcionario.
Orejuela añadió que con dineros del préstamo de US$10 millones que entregaría el BID a la ciudad, se construirán al menos 20 megacolegios para poder seguir fortaleciendo la educación de los niños y niñas de Cali.
“También vamos a interpretar cómo aprende el estudiante y generar procesos de aprendizaje que se refleje en las pruebas, para mejorar la calidad educativa en la ciudad. Vamos a adelantar también programas culturales, en desarrollo educativo, en emprendimiento, en innovación, bilingüismo y tecnologías”, dijo el Asesor.
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