La zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, se ha convertido en un escenario de miedo y control. La estructura Jaime Martínez, una disidencia de las Farc, se encuentra adelantando la construcción de una carretera que unirá los corregimientos de San Antonio y Villacolombia. Sin embargo, el proyecto no es una iniciativa de desarrollo, sino un mecanismo de extorsión forzada para financiar las actividades del grupo armado.
Los pobladores denuncian que cada habitante debe pagar una cuota obligatoria al grupo: 500.000 pesos por adulto y 80.000 pesos por cada niño matriculado en la escuela. Una familia con dos hijos, por ejemplo, debe reunir más de 700.000 pesos en cuestión de días, una cifra inalcanzable en una economía local donde el jornal no supera los 60.000 pesos. “Quien no paga aparece muerto. Así de simple”, señaló un habitante bajo la protección del anonimato.
Asesinato de un líder y control de movilidad
El brutal régimen de extorsión ya ha cobrado víctimas. Ruhal Martínez, vicepresidente del corregimiento Villacolombia, fue sacado a la fuerza de su vivienda por hombres armados el pasado 6 de agosto. Días después, su cuerpo sin vida fue hallado en la vereda El Descanso. De acuerdo con la comunidad, el asesinato estaría directamente relacionado con su negativa a pagar las cuotas exigidas por la disidencia.
El control de la estructura Jaime Martínez no se limita al cobro de dinero. Los pobladores también están obligados a portar un carnet de movilidad expedido por el grupo, que se obtiene entregando la cédula y, días después, recibiendo un plástico que autoriza la circulación en la zona. Esta medida restringe la libertad de movimiento de los habitantes, afianzando el control territorial de la organización armada.
Desplazamiento silencioso y coacción a civiles
El miedo se ha convertido en una estrategia de control de las disidencias. Las extorsiones y amenazas han provocado un “desplazamiento silencioso”, donde algunas familias han optado por vender sus tierras a pérdida y huir de la zona. Otras, por temor a perder lo poco que tienen, prefieren quedarse y resistir las presiones.
Además, los disidentes de las Farc han utilizado a la comunidad como un escudo humano para enfrentar al Ejército. Testigos aseguran que se ordena a los civiles bloquear el paso de los uniformados o rodearlos hasta obligarlos a retirarse. Un incidente reciente, donde cerca de 150 soldados fueron rodeados por civiles coaccionados, forzó a las tropas a abandonar el área.
Las autoridades locales exigen una intervención urgente
Frente a esta crítica situación, las autoridades locales han alzado su voz. El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que ya se han identificado los trazados ilegales de la vía a través de sobrevuelos y que se está articulando una operación con la Fiscalía para frenar la construcción y neutralizar las actividades criminales.
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el asesinato del líder comunal y advirtió que en otras áreas rurales se han registrado casos similares, con cobros de hasta 5 millones de pesos. La mandataria hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para una intervención efectiva: “Esto es gravísimo. Exigimos una intervención real del Gobierno nacional. No podemos seguir solos enfrentando este monstruo”, concluyó.