En la noche del jueves 31 de julio,se confirmó la liberación de los 150 soldados del Ejército Nacional que habían sido retenidos por la población civil en la zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Los militares, pertenecientes a la Brigada 29, hacían parte de la operación Escudo del Norte, una ofensiva contra las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.
Según el reporte oficial, 77 soldados fueron retenidos en el corregimiento de Villa Colombia y 73 más en el corregimiento de Lampudia, desde las 10 de la mañana. En un audio conocido por el noticiero, un soldado relató: “La población civil está obligándonos a salir” y denunció que “no nos han dejado ni almorzar”.
Al menos 500 personas, algunas con los rostros cubiertos y armadas con palos, rodearon a los uniformados y les impidieron continuar con sus labores. En medio de la tensión, un soldado realizó un disparo al aire como acto de disuasión, tras un intento de desarme por parte de un civil. El Ejército Nacional confirmó que dos civiles, un joven de 20 años y un adolescente de 17, resultaron heridos por impactos de fusil.
La Tercera División del Ejército explicó, mediante un comunicado, que los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 13 fueron víctimas de una asonada, impulsada por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estructura Jaime Martínez, que busca impedir el accionar institucional en esta zona estratégica.
El documento detalló que los uniformados fueron obligados a replegarse al corregimiento de Lampudia, obstaculizando sus labores de protección a la población civil. En el intento de arrebatar armas de dotación a los soldados, se configuró una agresión inminente, lo cual justificó su actuación en legítima defensa, como lo estipula el artículo 32 del Código Penal colombiano. El Ejército anunció que presentará denuncias formales y solicitó una investigación judicial.
El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División, afirmó que este hecho no fue aislado, sino parte de una estrategia de las disidencias para obstaculizar la presencia del Estado. “Se escudan en la población civil porque militarmente no pueden enfrentar al Ejército de los colombianos”, señaló.
Las autoridades confirmaron que en la zona de Lampudia será construido un batallón de alta montaña, lo que representa una amenaza directa para las rutas del narcotráfico que manejan las disidencias de Iván Mordisco.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, repudió el hecho: “Rechazo enérgicamente el secuestro de 150 soldados en zona rural de Jamundí”. A través de su cuenta en X, calificó la acción como un acto miserable y denunció la instrumentalización de la población civil por parte de la estructura Jaime Martínez. Además, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a organismos internacionales de derechos humanos que investiguen lo ocurrido y sancionen a los responsables.
Toro reafirmó su respaldo a la Fuerza Pública: “El Estado de derecho se respeta: acompañaremos al Ejército en sus operaciones. No hay territorios vedados para los soldados de la patria”.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo detenciones tras los hechos ni el estado actual de los civiles heridos.