Una mujer de 70 años de edad, identificada por las autoridades bajo el alias de La Cucha Mari, fue capturada en flagrancia durante un operativo de registro y allanamiento ejecutado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Bosa. La procesada utilizaba su condición de adulta mayor para evadir los controles policiales y coordinar una red de distribución de estupefacientes a gran escala que afectaba tanto las calles de este sector del suroccidente de la capital como el municipio vecino de Soacha, Cundinamarca.
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La investigación oficial, respaldada por vigilancias y seguimientos de inteligencia, determinó que la actividad ilícita encabezada por la detenida reportaba una renta criminal estimada en 35 millones de pesos mensuales. Esta cifra provenía de la comercialización masiva de dosis en entornos urbanos, afectando directamente la seguridad de las comunidades.
Armas y dosificación en el sur de Bogotá
El reporte judicial de la Policía de Bogotá confirmó que, al ingresar al inmueble objeto de la diligencia en el sur de la ciudad, las unidades descubrieron un centro logístico de almacenamiento y empaque. Dentro de la propiedad se incautaron un revólver calibre 38 cargado, más de 200 gramos de sustancias estupefacientes sin dosificar, una gramera digital de alta precisión y diversos elementos plásticos destinados a la dosificación y distribución de las dosis.
Los investigadores del caso establecieron que la apariencia de una mujer indefensa de la tercera edad era empleada estratégicamente por redes de microtráfico locales para custodiar el armamento y las sustancias, asumiendo que los perfiles de adultos mayores generan menor sospecha frente a los cuadrantes de vigilancia comunitaria en las calles. Sin embargo, denuncias y flujos constantes de personas sospechosas alertaron a las unidades de inteligencia.
Reincidencia penal y medida de aseguramiento
La verificación de la hoja de vida judicial de la capturada arrojó que alias La Cucha Mari no era una infractora primeriza en el sistema acusatorio. La mujer ya presentaba antecedentes penales vigentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo que agravó de forma inmediata su situación jurídica ante el juez de la República.
En los apartes del informe oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá se lee textualmente sobre la intervención:
“Parecía una abuela indefensa, pero se le cayó el negocio al escuchar. A sus 70 años se dedicaría al tráfico de estupefacientes en Bosa (...) Alias La Cucha Mari, tenía antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.”
Después de la legalización de la captura en flagrancia y la respectiva imputación de cargos por parte del ente acusador, un juez de control de garantías de la República evaluó las pruebas físicas presentadas por los uniformados. Al considerar el arsenal incautado, la reincidencia y el peligro que representaba la libertad de la sindicada para los habitantes de Bosa y Soacha, el funcionario judicial dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
Las dosis incautadas y el revólver calibre 38 pasaron de inmediato a cadena de custodia oficial, donde los peritos forenses realizarán análisis balísticos estructurales para determinar si el arma de fuego decomisada se encuentra vinculada a algún proceso penal en el suroccidente de Bogotá.