Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, lanzó una contundente crítica contra la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional. Para el mandatario local, las decisiones recientes del Ejecutivo están desmantelando la efectividad judicial y enviando una señal de alerta máxima tanto a la fuerza pública como a la ciudadanía que enfrenta la inseguridad en las calles.
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El centro de la controversia radica en lo que el mandatario distrital califica como una política criminal ineficaz. Galán rechazó tajantemente las narrativas oficiales que, según él, minimizan el impacto del hurto y otras conductas delictivas bajo justificaciones de carácter social, afectando directamente la protección de los ciudadanos.
¿Justicia o venganza? La advertencia sobre la impunidad
En una declaración pública, el alcalde fue enfático en señalar los profundos vacíos de la actual directriz de seguridad, desmintiendo que la aplicación rigurosa de la ley deba interpretarse como un acto de revancha. Para Galán, el Estado está fallando en su deber primordial.
“El Gobierno Nacional tiene una visión que no contribuye a una política criminal efectiva. Y eso tiene varios elementos. Uno yendo de abajo para arriba. Romantizar el delito. Decir que un delincuente que se roba un celular lo está robando para regalárselo a la novia, minimizando lo que significa el acto delincuencial de robar a la persona. Segundo, cuando le dicen al presidente que hay que hacer justicia, que es importante la justicia se imponga. Dice que la justicia es venganza. La justicia no es venganza, es el ejercicio del Estado para proteger a la sociedad y para castigar a quienes cometen delitos”, puntualizó el alcalde.
El impacto de estas decisiones gubernamentales en la operatividad y moral de las autoridades es otra de las graves preocupaciones de la administración capitalina, especialmente frente a las políticas de paz y el manejo de capos urbanos.
El impacto de los beneficios a capos en la seguridad de Bogotá
Galán puso sobre la mesa un caso crítico que afecta directamente a la capital: las negociaciones y el levantamiento de órdenes de captura a criminales de alto impacto. Mencionó específicamente a alias El Montañero, cabecilla de la estructura criminal ‘El Mesa’, una banda con injerencia en Bogotá y un largo expediente de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes. Frenar la persecución contra estos perfiles echa por la borda años de trabajo de inteligencia de la Policía y la Fiscalía.
Sobre las consecuencias de otorgar estas gabelas jurídicas, el mandatario distrital fue tajante al exponer el daño estructural que se le hace a las instituciones:
“¿Qué significa para un policía encubierto que lleva dos años investigando esto? (...) ¿Qué significa para ellos eso? Y sobre todo a la ciudadanía. Y el peor mensaje de todos es para el delincuente, porque el delincuente dice: mire lo que podemos hacer y no nos va a pasar nada. Vamos a poder negociar con el gobierno a pesar de no tener ningún tipo de cariz político”, mencionó el Galán.
Para el alcalde, estas estructuras dedicadas al narcotráfico y el sicariato deben enfrentar procesos de judicialización estrictos. La postura del Distrito dice que es clara y que no debe existir margen para beneficios jurídicos a quienes atentan violentamente contra la sociedad.
