Una amplia coalición de organizaciones sociales, lideresas, periodistas y sectores del feminismo popular hizo pública una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que expresan su respaldo a RTVC, y defienden a Hollman Morris la comunicación pública y advierten sobre lo que consideran una instrumentalización del escándalo mediático en el país.
>>>Para leer<<<: RTVC negó que haya denuncias de acoso sexual en el canal en pleno escándalo en Caracol: ¿Mencionaron a Holman Morris?
En el documento, las firmantes aseguran que hacen parte activa del proyecto de cambio político en Colombia y que su pronunciamiento no surge como una petición aislada, sino como una exigencia ética dentro del mismo proceso. “No lo miramos desde afuera, lo hemos construido desde los territorios… y por eso hoy le escribimos”, señalan, insistiendo en que el cambio debe sostenerse sobre un presupuesto ético irrenunciable.
Coalición social cuestiona presión mediática y defiende a RTVC en carta dirigida a Gustavo Petro
Uno de los puntos centrales de la carta es la crítica al manejo del debate sobre el acoso en medios de comunicación, el cual —afirman— ha sido desviado hacia intereses políticos. “El debate nacional sobre el acoso en los medios ha sido capturado por una operación que, lejos de buscar justicia para las mujeres, busca debilitar una institución pública que incomoda al poder mediático privado”, sostienen.
Las organizaciones recuerdan que los casos de acoso sexual y laboral en medios privados no son recientes. Según el texto, estos hechos se remontan a 2017, 2019 y 2023, con testimonios de mujeres periodistas que trabajaron en canales como Caracol Televisión y RCN Televisión. “Cada vez que una mujer ingresó a la oficina de un presentador estrella… salió con miedo, con vergüenza y con la certeza de que si hablaba perdería su trabajo”, denuncia la carta.
En contraste, el documento aborda la situación del gerente de RTVC, Hollman Morris, señalando que, hasta el momento, no ha sido sancionado judicialmente. “A la fecha… no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente… Tampoco existen procesos abiertos en su contra”, subrayan, haciendo énfasis en la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Las redes sociales y los medios no son estrados judiciales”, agregan, advirtiendo que sustituir a la justicia por la presión mediática puede debilitar tanto la institucionalidad como la lucha real contra el acoso.
Otro eje clave del pronunciamiento es la defensa del sistema de medios públicos. Las firmantes plantean interrogantes sobre el contexto en el que surge la polémica: “¿A quién le conviene que RTVC esté en el centro de una crisis justo cuando el escándalo golpea a Caracol y RCN?”, cuestionan.
En esa línea, sostienen que durante décadas existió un duopolio mediático que definió la agenda informativa del país, y que la llegada de Morris a RTVC representó una apertura hacia narrativas centradas en los territorios, las víctimas del conflicto y comunidades históricamente excluidas. “Debilitar su figura es debilitar la institución”, afirman.
Desde el enfoque del feminismo popular, la carta también rechaza el uso político de las denuncias de género. “No podemos guardar silencio ante el uso oportunista de la causa de las mujeres para fines que le son contrarios”, expresan, advirtiendo que instrumentalizar el lenguaje feminista constituye una forma de violencia simbólica.
Las firmantes enfatizan que la justicia para las víctimas no puede basarse en “linchamientos mediáticos”, sino en procesos sólidos. “La reparación exige procesos y no espectáculos”, señalan, al tiempo que llaman a evitar divisiones internas que puedan ser aprovechadas por sectores de poder.
En el tramo final del documento, las organizaciones presentan una serie de exigencias concretas al Gobierno nacional. Entre ellas, destacan que el debate se enfoque en el patrón estructural de acoso en medios privados, que se investigue con el mismo rigor a todos los actores, y que se fortalezca RTVC como institución pública con independencia editorial y recursos suficientes.
Asimismo, piden coherencia en la defensa del feminismo y la implementación de protocolos efectivos de prevención y sanción del acoso en todos los medios del país, tanto públicos como privados.
“La comunicación pública es un bien común… defenderla no es defender a un individuo, es defender el derecho de los pueblos a tener medios que los representen”, concluye la carta.
El pronunciamiento, respaldado por decenas de organizaciones sociales, feministas, indígenas, sindicales y comunitarias, se posiciona como una intervención clave en medio del actual debate nacional sobre medios, poder y justicia, y plantea un llamado directo al Gobierno para que el proyecto de cambio mantenga coherencia ética en medio de la controversia.
