La renuncia pública de la periodista Claudia Julieta Duque a la Asamblea General de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el papel de esta organización en la defensa de la libertad de prensa en Colombia, un tema que ha generado posiciones encontradas dentro del gremio periodístico.
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En un extenso pronunciamiento, la FLIP confirmó que “respeta su decisión de apartarse y atiende a sus preocupaciones expresadas”, al tiempo que destacó la trayectoria de Duque, subrayando “la importancia de su voz en la historia de la organización y su aporte a la defensa de la libertad de expresión en el país”. La Fundación recordó además que ha acompañado a la periodista durante más de dos décadas frente a distintos ataques, y aseguró que espera continuar haciéndolo, tanto con ella como con otros comunicadores en riesgo.
FLIP responde a renuncia de Claudia Julieta Duque: “Respetamos su decisión” y aclara señalamientos
El pronunciamiento surge tras la carta en la que Duque cuestionó algunas posturas de la organización, particularmente en relación con su reacción frente a un reportaje publicado por La Silla Vacía el pasado 22 de febrero de 2026. En dicho contenido se mencionaba a Agencia Prensa Rural y otros medios como presuntamente “orgánicos” de las FARC, lo que desató críticas y preocupaciones por posibles efectos de estigmatización.
Frente a este punto, la FLIP aseguró que actuó desde el primer momento a través de su área de protección. Según detalló, “la dirección ejecutiva y la subdirección legal y de protección sostuvieron una reunión presencial con el director de Agencia Prensa Rural para evaluar riesgos y posibles consecuencias”, estableciendo además rutas de seguridad con la Unidad Nacional de Protección (UNP) en caso de ser necesarias.
La organización explicó que su estrategia se centró en el acompañamiento directo y la reducción de riesgos, más que en un pronunciamiento público inmediato. En ese sentido, indicó que también hubo acercamientos con el equipo de investigación de La Silla Vacía y con La Liga contra el Silencio, medio que replicó el reportaje, con el fin de compartir herramientas jurídicas y evaluar escenarios de protección.
Uno de los puntos más sensibles abordados en el comunicado fue el señalamiento de que la FLIP habría optado por el silencio frente a este caso. La Fundación rechazó esta interpretación y fue enfática en señalar que “no compartimos que se diga que la FLIP y su Asamblea optaron ‘por el silencio’ por comodidad, afinidades personales o cálculos políticos, ni sugerir que se aplaudió la estigmatización”.
De acuerdo con la organización, el tema fue ampliamente discutido en la Asamblea General del 18 de marzo, donde durante más de 90 minutos se expusieron posturas diversas. Mientras algunos miembros consideraban necesario un pronunciamiento público por el carácter potencialmente estigmatizante del reportaje, otros advertían que hacerlo podría desvirtuar la misionalidad de la Fundación, centrada en la protección y no en la evaluación editorial de los medios.
La FLIP reconoció que este debate sigue abierto y que existen “desacuerdos legítimos” sobre el rol que debe asumir frente a este tipo de situaciones. Sin embargo, insistió en que la deliberación interna es parte fundamental de su funcionamiento y que las críticas aportan al análisis institucional.
En otro apartado, la Fundación respondió a cuestionamientos sobre el uso de equipos de protección para periodistas, recordando que en 2021 detectó irregularidades en chalecos adquiridos durante el cubrimiento del Paro Nacional. En ese sentido, explicó que “los recursos recibidos de International Women’s Media Foundation fueron devueltos en su totalidad” y que los chalecos financiados por Reporteros Sin Fronteras fueron reemplazados por nuevos elementos adquiridos directamente al fabricante.
Actualmente, la FLIP asegura haber fortalecido sus procesos de control y contar con equipos que cumplen con los estándares exigidos para proteger a periodistas en situaciones de riesgo.
El comunicado también hizo énfasis en el contexto de violencia contra la prensa en Colombia, destacando cifras recientes que evidencian la magnitud del problema. Entre 2024 y 2025, la organización documentó 1009 agresiones en los 32 departamentos del país, lo que derivó en 1040 acciones de protección, incidencia y litigio.
Además, señaló que en los últimos dos años se han registrado 4 asesinatos de periodistas, 416 amenazas, 35 desplazamientos forzados y 12 exilios, cifras que reflejan un entorno cada vez más complejo para el ejercicio del periodismo, especialmente en regiones con presencia de actores armados ilegales.
En relación con el caso del periodista Harold Iván García, detenido en noviembre del año pasado, la FLIP indicó que ha brindado asesoría jurídica y acompañamiento técnico desde el momento de su captura, y que continuará apoyando su proceso legal.
La organización también subrayó que muchas de sus acciones no se hacen públicas por razones de seguridad, aclarando que su labor va más allá de los pronunciamientos. “Una parte sustancial de nuestras acciones se desarrolla mediante acompañamiento, incidencia y protección que, por su naturaleza, no se hacen públicas”, explicó.
Finalmente, la FLIP respondió a cuestionamientos sobre su naturaleza y funcionamiento, precisando que no es una agencia de cooperación internacional, sino una organización de la sociedad civil que ha construido alianzas en América Latina para fortalecer la defensa de la libertad de prensa. Según indicó, estas colaboraciones buscan intercambiar conocimientos y no tienen como objetivo limitar el acceso a recursos de otros proyectos periodísticos.
En su cierre, la Fundación reafirmó su compromiso con el debate democrático y la protección del derecho a la información, asegurando que continuará abierta al diálogo incluso frente a las críticas. “Defender la libertad de prensa también implica revisar críticamente nuestras propias decisiones y prácticas internas”, concluyó.
El caso, lejos de cerrarse, deja en evidencia las tensiones que atraviesa el ecosistema mediático en Colombia, donde la defensa de la libertad de expresión convive con debates profundos sobre los límites, responsabilidades y formas de actuación de las organizaciones que la promueven.