La discusión sobre el acoso laboral y el acoso sexual en medios de comunicación en Colombia volvió a encenderse con fuerza tras una nueva polémica que involucra a figuras públicas, medios privados y entidades estatales. En esta ocasión, la senadora Angélica Lozano lanzó un señalamiento que ha generado amplio debate: “RTVC paga con recursos públicos la abogada que denuncia penalmente a la víctima de acoso”.
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El pronunciamiento se dio en medio del caso que sacude a Caracol Televisión, donde se activaron protocolos internos tras denuncias de presunto acoso sexual que involucran a dos periodistas y presentadores del canal. Aunque la empresa no ha revelado identidades ni detalles específicos, confirmó que inició un proceso interno para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, asegurando el respeto al debido proceso, la confidencialidad y los derechos de las partes.
Caso Caracol sacude al país: señalamiento de Angélica Lozano sobre RTVC desata debate nacional
Las declaraciones de Angélica Lozano agregaron un nuevo ángulo a la controversia. La congresista no solo se refirió al caso en Caracol, sino que puso el foco en lo que ocurre en el sistema de medios públicos, específicamente en RTVC Sistema de Medios Públicos.
Su afirmación sobre el uso de recursos públicos para financiar la defensa jurídica en procesos que, según su denuncia, irían contra una presunta víctima de acoso, ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia institucional y la protección real a quienes denuncian este tipo de conductas.
El señalamiento abre interrogantes clave: ¿se están utilizando fondos estatales para revictimizar? ¿existe un trato desigual entre víctimas según el tipo de medio en el que ocurren los hechos? Estas preguntas han comenzado a instalarse en la conversación pública.
El antecedente que reavivó el debate
El tema tomó mayor relevancia tras las recientes declaraciones de Nórida Rodríguez, quien cuestionó lo que considera un tratamiento desigual frente a los casos de acoso en medios privados y públicos.
“No sé si reír o llorar”, expresó Rodríguez al referirse a las muestras de solidaridad hacia las presuntas víctimas en Caracol, contrastándolas con el silencio —según ella— frente a denuncias similares en la televisión pública.
Sus palabras no solo generaron reacciones en redes sociales, sino que también pusieron sobre la mesa un tema estructural: la visibilidad de las denuncias de acoso y la manera en que estas son abordadas dependiendo del escenario en el que ocurren.
Rodríguez incluso envió un mensaje directo a las víctimas: “Abrazo a todas las víctimas, en especial a las de RTVC que, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude defender”. Esta afirmación reforzó la idea de que existirían fallas en los mecanismos internos para proteger a quienes denuncian.
El caso en Caracol Televisión
El detonante inmediato de esta discusión fue el comunicado emitido por Caracol Televisión, en el que informó la activación de sus protocolos ante denuncias de acoso sexual y laboral.
La compañía indicó que actuó de forma inmediata y que el proceso se adelanta bajo estándares de confidencialidad. Desde la dirección de Noticias Caracol, liderada por Juan Roberto Vargas, se reiteró que la postura oficial es la contenida en el comunicado institucional y que no habrá más pronunciamientos mientras avanza la investigación.
Este manejo ha sido valorado por algunos sectores como una señal de institucionalidad, pero también ha sido cuestionado por quienes exigen mayor transparencia.
Intervención del Gobierno y marco legal
Ante la creciente polémica, el Gobierno nacional también se pronunció. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, recordó que los procesos internos de las empresas no sustituyen las obligaciones legales en materia de protección laboral.
El funcionario hizo énfasis en la aplicación del Convenio 190 de la OIT, un instrumento internacional que promueve entornos laborales libres de violencia y acoso.
“Se activarán labores de inspección, vigilancia y control para garantizar la verdad, la protección a las víctimas y establecer sanciones si hay lugar”, señaló.
Este anuncio implica que el caso podría trascender el ámbito interno de los medios y pasar a instancias de control estatal, ampliando el alcance de las investigaciones.
Las denuncias en RTVC: un capítulo clave
El trasfondo de esta controversia se remonta a 2024, cuando, bajo la dirección de Nórida Rodríguez, RTVC enfrentó múltiples denuncias por acoso laboral y conflictos internos.
En ese momento, la entonces gerente aseguró que se actuó conforme a la ley, trasladando los casos al comité de convivencia laboral y a instancias disciplinarias, incluyendo la Procuraduría General de la Nación.
Entre las denuncias más relevantes estuvieron las que involucraban al entonces subgerente Hollman Morris, quien fue señalado por presuntos comportamientos que habrían afectado el ambiente laboral.
Las acusaciones incluían supuestos tratos intimidatorios y un clima organizacional hostil. Las denunciantes buscaban, además de justicia, generar cambios estructurales para evitar que estos hechos se repitieran.
Respuesta de los señalados
Frente a estas acusaciones, Hollman Morris rechazó los señalamientos y cuestionó su difusión en medios, argumentando que se estaba vulnerando su derecho al debido proceso.
“Soy juzgado en tribunales mediáticos”, expresó en su momento, sugiriendo que las críticas estaban influenciadas por posturas políticas.
Este tipo de respuestas ha sido común en casos de alto perfil, donde la discusión no solo gira en torno a los hechos, sino también al manejo mediático y la presunción de inocencia.
Un debate que trasciende casos individuales
La coincidencia entre el caso de Caracol, las declaraciones de Angélica Lozano y el pronunciamiento de Nórida Rodríguez ha llevado el tema del acoso en medios al centro de la agenda nacional.
En redes sociales, periodistas, activistas y ciudadanos debaten sobre la coherencia en la defensa de las víctimas y la necesidad de aplicar estándares iguales tanto en el sector público como en el privado.
También ha surgido una preocupación creciente sobre la revictimización, especialmente cuando las personas que denuncian enfrentan procesos judiciales o presiones institucionales.
Retos estructurales y exigencias
Expertos en derecho laboral y género coinciden en que Colombia enfrenta desafíos importantes en la lucha contra el acoso. Entre ellos, destacan:
- La necesidad de protocolos efectivos y transparentes.
- La garantía de protección integral a las víctimas.
- La implementación de sanciones claras y oportunas.
- La prevención de represalias o revictimización.
Además, subrayan que el cumplimiento del Convenio 190 debe traducirse en acciones concretas y no quedarse en compromisos formales.
Lo que viene en las investigaciones
Por ahora, las investigaciones continúan tanto en el ámbito interno de Caracol Televisión como en las posibles actuaciones de entidades estatales.
El señalamiento de Angélica Lozano sobre el uso de recursos públicos en RTVC podría abrir nuevas líneas de indagación, especialmente en lo relacionado con la administración de fondos y la defensa jurídica en casos sensibles.
Mientras tanto, el país sigue atento a los avances y a las decisiones que puedan surgir de estos procesos.
Un llamado que sigue resonando
Más allá de los nombres y las instituciones, el caso ha reactivado una discusión de fondo: cómo Colombia enfrenta el acoso laboral y sexual en todos los espacios, incluidos aquellos encargados de informar a la ciudadanía.
El mensaje que deja esta controversia es claro: no se trata solo de investigar hechos aislados, sino de garantizar que existan condiciones reales para denunciar, proteger y sancionar.
En medio de este panorama, la frase que encendió el debate continúa generando eco: el cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos y la protección a las víctimas podría marcar un antes y un después en la forma en que el país aborda estos casos.