La controversia por el futuro del sistema de salud en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las fuertes declaraciones del exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien lanzó duras críticas contra la decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar en la liquidación de EPS intervenidas. En medio de un ambiente de alta tensión institucional, el exfuncionario no solo rechazó los señalamientos en su contra, sino que advirtió sobre los riesgos que esta medida podría generar para millones de usuarios.
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Durante una entrevista radial, Aristizábal calificó como “infames, cínicas y descaradas” las acusaciones del mandatario, quien en un reciente Consejo de Ministros insinuó presuntos vínculos contractuales del exsuperintendente con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El exfuncionario fue enfático en negar cualquier relación posterior a su salida del cargo.
Liquidación de EPS en Colombia genera tensión: Fabio Aristizábal alerta riesgos para millones de usuarios
“Yo le puedo decir con absoluta tranquilidad que no tengo contratos con ninguna EPS ni con entidades vigiladas”, afirmó, insistiendo en que su trayectoria en el sector salud se desarrolló antes de asumir funciones públicas. En ese sentido, defendió su experiencia como asesor y consultor en diferentes niveles del sistema, pero dejó claro que no existe conflicto de interés en la actualidad.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno al manejo del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), una herramienta diseñada para garantizar transparencia en la designación de quienes administran las entidades en crisis. Aristizábal explicó que este sistema fue fortalecido durante su gestión con criterios técnicos y meritocráticos, incluso con evaluaciones avaladas por la Universidad Nacional de Colombia.
Sin embargo, cuestionó que el actual gobierno no esté utilizando adecuadamente este mecanismo. Según advirtió, la designación de interventores sin la experiencia necesaria podría poner en riesgo la estabilidad del sistema. “Hay interventores sin experiencia manejando entidades que protegen la vida de los colombianos”, alertó, señalando además que algunos nombramientos recientes responderían a decisiones poco técnicas.
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En cuanto a la liquidación de EPS, Aristizábal reconoció que se trata de una medida “predecible”, dado el deterioro financiero que enfrentan varias entidades. No obstante, criticó el momento en que se toma la decisión, asegurando que muchas de estas EPS llegaron a un punto crítico tras largos procesos de intervención sin resultados efectivos.
“El deterioro de estas entidades se ha triplicado durante las intervenciones, generando un riesgo sistémico en el sistema de salud”, sostuvo. Además, cuestionó por qué no se adoptaron decisiones más oportunas en el pasado, evitando así el impacto actual.
Uno de los mayores temores expuestos por el exsuperintendente es el futuro de los usuarios. La liquidación de EPS en Colombia podría afectar a cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale aproximadamente al 43% de la población. Para Aristizábal, el traslado masivo de pacientes a otras entidades, muchas de ellas también intervenidas, podría agravar la crisis.
“No pueden entregarle usuarios a entidades que tienen problemas financieros. Están jugando con la vida de los colombianos”, advirtió. Recordó que durante su administración se logró la liquidación de 13 EPS con el traslado de cerca de 10 millones de usuarios a entidades más sólidas, lo que, según él, evitó una crisis mayor en ese momento.
El contexto actual es complejo. El Gobierno ha defendido su decisión argumentando que las EPS están quebradas, con deudas acumuladas que superan los 32 billones de pesos, lo que hace inviable su sostenibilidad. Además, ha señalado problemas estructurales de administración y presuntos manejos indebidos de recursos como factores clave en la crisis.
Dentro de las entidades intervenidas que entrarían en proceso de liquidación se encuentran la Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca, que en conjunto concentran millones de afiliados en todo el país.
El caso más crítico es el de la Nueva EPS, cuya deuda creció de manera exponencial en los últimos años, alcanzando cifras superiores a los 21 billones de pesos, con un patrimonio negativo que pone en riesgo la atención de más de 11 millones de usuarios. A esto se suman problemas como retrasos en la entrega de medicamentos, aumento de quejas y dificultades en la prestación de servicios médicos.
Expertos han advertido que la crisis del sistema de salud podría profundizarse durante el proceso de transición. La posible congestión en hospitales, la interrupción de tratamientos y las fallas en la atención son algunos de los riesgos más inmediatos que enfrentan los usuarios.
Por su parte, el Gobierno ha insistido en que no se trata únicamente de un problema financiero, sino también de gestión. El presidente Petro ha sido enfático en que no se deben seguir respaldando a los operadores privados que, según él, han administrado de forma ineficiente los recursos del sistema.
En medio de este panorama, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) deberá evaluar la asignación de recursos para cubrir algunas obligaciones, especialmente en el caso de la Nueva EPS, donde el Estado tiene participación.
A pesar de las diferencias, el debate deja en evidencia que el sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Mientras el Gobierno avanza en su propuesta de transformación, voces como la de Aristizábal advierten sobre los riesgos de una transición mal gestionada.
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La discusión, lejos de cerrarse, abre un escenario de incertidumbre en el que millones de colombianos esperan respuestas claras sobre cómo se garantizará su derecho a la salud en medio de uno de los cambios más profundos del modelo actual.