En medio de la creciente crisis del sistema de salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las EPS intervenidas, una decisión que marca un punto de quiebre en el modelo actual y que podría impactar a millones de usuarios en todo el país.
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El anuncio se da tras los recientes obstáculos que ha enfrentado la reforma a la salud, tanto en el Congreso como en instancias judiciales. Según el mandatario, la medida responde a la inviabilidad financiera de las EPS, cuyas deudas acumuladas superan los 32 billones de pesos, lo que hace insostenible su funcionamiento en el tiempo.
“El panorama es crítico: hoy todas las EPS están quebradas (…) trasladar afiliados de una EPS a otra es casi imposible”, afirmó el jefe de Estado, al referirse a las limitaciones normativas y estructurales que enfrenta el sistema.
Lista de EPS intervenidas que serían liquidadas por orden de Petro
El Gobierno puso sobre la mesa el listado de las entidades que entrarían en este proceso, junto con el número de usuarios afectados:
- Nueva EPS: 10,8 millones de afiliados
- Famisanar: 2,9 millones
- Coosalud: 3,2 millones
- Asmet Salud: 1,8 millones
- Emssanar: 1,7 millones
- Savia Salud: 1,6 millones
- Servicio Occidental de Salud: 750.000
- Capresoca: 170.000
En total, estas EPS intervenidas concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale aproximadamente al 43% de la población colombiana, una cifra que refleja la magnitud del impacto que tendría su liquidación.
Impacto en los usuarios y el sistema
Expertos han advertido que la liquidación de las EPS podría generar una fuerte congestión en hospitales y clínicas, además de dificultades en la continuidad de tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención médica general.
La situación ya ha comenzado a afectar a los usuarios, quienes reportan retrasos en servicios de salud, fallas en autorizaciones y un incremento significativo en las quejas, que en 2025 superaron el 107% de aumento.
El caso crítico de la Nueva EPS
Uno de los puntos más delicados es el de la Nueva EPS, considerada la más grande del país. Su deuda creció un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos. Además, su patrimonio cayó a un saldo negativo de 6,25 billones, poniendo en riesgo a más de 11 millones de afiliados.
A esto se suman embargos superiores a los 2 billones de pesos y la falta de estados financieros actualizados, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.
Críticas a la gestión y uso de recursos
El Gobierno ha insistido en que la crisis no solo responde a la falta de recursos, sino también a problemas de administración y presuntos manejos indebidos de fondos. En ese sentido, Petro fue enfático al señalar que “no se debe seguir ayudando a los dueños privados de las EPS”.
Además, el Ejecutivo aclaró que no reconoce deudas con estas entidades, salvo en el caso de la Nueva EPS, donde el Estado tiene participación. Por ello, se ordenó al Confis evaluar la asignación de recursos para cubrir obligaciones específicas.
Un sistema en transición
Pese al panorama, el presidente aseguró que algunos indicadores de salud en Colombia se mantienen estables e incluso han mejorado, especialmente en la reducción de tasas de mortalidad gracias a un enfoque preventivo.
Sin embargo, la liquidación de las EPS intervenidas abre un nuevo escenario lleno de incertidumbre sobre la capacidad del Estado para garantizar la atención de millones de ciudadanos durante la transición, en un momento en que el sistema enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos.