A sus 30 años, Catalina Giraldo Silva, psicóloga de profesión, enfrenta una batalla silenciosa que se ha prolongado durante más de la mitad de su vida. Su historia no está marcada por una enfermedad física visible, sino por un sufrimiento constante derivado de trastornos de salud mental que, según relata, le han convertido la existencia en una carga insoportable.
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Describe su experiencia como un dolor que no solo es emocional, sino también físico. Una presión permanente en el pecho, una sensación de vacío que no desaparece y que la acompaña incluso en los momentos de descanso. Para ella, vivir se ha transformado en un ejercicio agotador, donde cada día implica resistir síntomas como ansiedad extrema, pensamientos intrusivos y episodios de angustia profunda, según un informe de Noticias Caracol.
Entre el dolor y la ley: el caso de Catalina Giraldo que reabre el debate sobre salud mental y suicidio asistido
Su diagnóstico clínico es complejo: padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Durante años ha buscado alivio a través de múltiples tratamientos, incluyendo más de 40 esquemas farmacológicos, hospitalizaciones psiquiátricas y terapias intensivas como la electroconvulsiva. Sin embargo, ninguno ha logrado mejorar su condición de manera significativa.
Ante este panorama, en 2025 tomó una decisión que ha abierto un debate inédito en el país: solicitar el acceso al suicidio médicamente asistido en Colombia.
Una decisión extrema en busca de dignidad
A diferencia de la eutanasia, que ya cuenta con regulación en el país, el suicidio médicamente asistido implica que el paciente sea quien administre el fármaco que pone fin a su vida, bajo supervisión médica. Catalina eligió esta opción porque desea mantener el control sobre el proceso, pero sin recurrir a métodos clandestinos o violentos.
Su motivación, asegura, no responde a un impulso momentáneo. Por el contrario, es el resultado de años de sufrimiento persistente y de intentos fallidos por encontrar alivio. También busca evitar un impacto traumático en su familia.
En Colombia, alrededor de 700 mil personas en el mundo mueren cada año por suicidio, muchas veces en condiciones de soledad. Catalina quiere que su caso sea diferente: aspira a despedirse acompañada, con apoyo médico y dentro de un marco legal que garantice una muerte digna.
Por ello, en octubre de 2025 solicitó a su EPS la autorización del procedimiento. Sin embargo, la respuesta fue negativa.
El limbo legal del suicidio asistido
Aunque en 2022 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido mediante una sentencia histórica, el procedimiento no ha sido reglamentado. Esto ha generado un vacío legal que impide su aplicación práctica.
En noviembre de ese mismo año, la EPS de Catalina rechazó su solicitud argumentando que no existen condiciones normativas ni operativas para llevar a cabo el procedimiento de forma segura.
Este escenario ha dejado a la paciente en una situación de incertidumbre. Por un lado, la práctica no es penalizada; por otro, tampoco existe un protocolo que permita su acceso.
Con el acompañamiento de su abogado, Catalina interpuso una acción de tutela para exigir la protección de su derecho a la muerte digna en Colombia. El caso ahora está en manos de la Corte, que podría sentar un precedente clave.
Según su defensa, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido radica únicamente en quién ejecuta el acto final. Mientras en la primera es el médico quien administra el medicamento, en la segunda es el paciente quien lo hace de manera autónoma.
Una familia que acompaña, pese al dolor
Uno de los aspectos más impactantes del caso es el respaldo de su familia. Su madre, María Ángela Silva, ha sido testigo del deterioro emocional de su hija desde la adolescencia.
Durante años presenció sus crisis, hospitalizaciones y episodios de autolesión. Incluso llegó a leer una carta de despedida en la que Catalina detallaba cómo planeaba quitarse la vida de forma clandestina.
Ese momento marcó un punto de quiebre. Para su madre, la posibilidad de acompañarla en un proceso regulado representa una alternativa menos dolorosa que enfrentar una muerte violenta o inesperada.
Aunque reconoce el sufrimiento que implica esta decisión, considera que prolongar la vida de su hija en esas condiciones no es justo. Desde su perspectiva, el amor también implica respetar su voluntad.
Sin embargo, no pierde la esperanza de que ocurra un cambio inesperado. Entre el dolor y la aceptación, mantiene la ilusión de un milagro que transforme la realidad de Catalina.
El debate sobre salud mental y muerte digna
El caso ha puesto sobre la mesa una discusión compleja: ¿debe permitirse el acceso a la muerte digna en pacientes con enfermedades mentales?
Para algunos sectores, abrir esta posibilidad podría ser riesgoso, dado que los trastornos psicológicos pueden afectar la toma de decisiones. Para otros, negar esta opción implica desconocer el sufrimiento real de quienes padecen enfermedades psiquiátricas severas y resistentes al tratamiento.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En Colombia, el promedio anual de suicidios ronda las 2.800 muertes, una cifra que ha venido en aumento en la última década, según expertos.
Desde esta perspectiva, el suicidio médicamente asistido podría ofrecer una alternativa controlada, evitando desenlaces traumáticos tanto para el paciente como para su entorno.
Un caso que podría marcar un precedente
El proceso judicial de Catalina podría convertirse en el primer caso en Colombia que obligue a reglamentar esta práctica. Su solicitud no solo busca una respuesta individual, sino también abrir un camino para otras personas en situaciones similares.
Mientras espera la decisión de la Corte, Catalina continúa enfrentando su día a día con una carga emocional que describe como insoportable. Ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, pero ahora resiste con la esperanza de que, si llega ese momento, sea bajo condiciones dignas.
Su historia también refleja una intención más amplia: visibilizar el sufrimiento asociado a la salud mental y generar conversación sobre temas que suelen evitarse.
Una voz que busca ser escuchada
Lejos de ocultar su situación, Catalina decidió hacer pública su historia. Considera que hablar abiertamente puede ayudar a otras personas que atraviesan experiencias similares y que se sienten solas.
Su mensaje no es una invitación a rendirse, sino una reflexión sobre los límites del dolor humano y el derecho a decidir sobre la propia vida.
Mientras tanto, el país observa un caso que podría redefinir los alcances del derecho a morir dignamente. La decisión final no solo impactará a Catalina, sino también a un sistema que aún no logra responder plenamente a los desafíos de la salud mental.
En medio de ese debate, ella espera una respuesta. No como un acto de desesperación, sino como la culminación de un proceso que, según afirma, ha estado marcado por el intento constante de seguir adelante.
Para Catalina, la discusión es clara: después de haberlo intentado todo, considera que ha llegado el momento de decidir.
Y mientras la justicia avanza a su propio ritmo, ella continúa resistiendo, con la esperanza de que su historia no sea en vano, sino el inicio de un cambio necesario en Colombia.