Una compleja red de corrupción en la Policía quedó al descubierto tras la revelación de chats encriptados que evidencian cómo algunos uniformados habrían puesto sus funciones al servicio del Clan del Golfo, realizando “vueltas” que alcanzarían hasta los $80 millones a cambio de favores ilegales, según un informe publicado por el diario El Colombiano.
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Las conversaciones, obtenidas a través de la plataforma Sky ECC, muestran el nivel de infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado. En uno de los mensajes más reveladores, un supuesto narcotraficante solicita a un policía ayuda para interceptar el celular de la esposa de un objetivo criminal, con el fin de ubicarlo y tomar represalias. La petición fue atribuida a Jhon Henry González Herrera, señalado como un poderoso operador financiero del cartel.
Escándalo en la Dijín: policías habrían usado interceptaciones para favorecer al Clan del Golfo
Lo más alarmante es que el uniformado, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), no solo aceptó colaborar, sino que utilizó recursos del Estado para ejecutar el encargo. A través de la Sala de Interceptaciones, logró acceder a información sensible que posteriormente fue entregada al grupo criminal. Este tipo de análisis, conocido como “análisis link”, permite rastrear llamadas, identificar patrones de comunicación y ubicar posibles localizaciones mediante antenas de telecomunicaciones.
En uno de los reportes enviados, el policía detalló más de 2.000 llamadas analizadas, junto con ubicaciones frecuentes del objetivo en el Valle del Cauca. Incluso señaló movimientos específicos durante fines de semana, evidenciando un seguimiento minucioso que, en lugar de servir a la justicia, habría sido utilizado por el Clan del Golfo para sus propios fines.
Sin embargo, este no fue un hecho aislado. Los chats desencriptados forman parte de un expediente de más de 200 folios revelado por la Fiscalía General de la Nación, en el que se documenta una extensa red de contactos que incluía funcionarios de la Policía, la Fiscalía, el Inpec e incluso integrantes de la Fuerza Pública venezolana.
Uno de los apartes más delicados expone los intentos de bloquear investigaciones por lavado de activos contra “Medio Labio” y su entorno. A través de sobornos y presiones, el narco buscó interferir en los procesos judiciales, incluso planeando acercamientos indebidos a altos oficiales. En un mensaje, se sugiere ubicar la residencia de un coronel para presionarlo en caso de no aceptar un posible soborno, lo que evidencia el nivel de riesgo al que estaban expuestos los investigadores.
Las conversaciones también revelan estrategias para manipular traslados de funcionarios, amenazar a investigadores y acceder a información confidencial. En un caso, el grupo intentó comprar una lista de “narcos invisibles” elaborada por la Fiscalía, ofreciendo hasta $80 millones para obtenerla. Esta lista contenía nombres de presuntos criminales de alto perfil que operaban bajo apariencia de empresarios.
Además, se documentaron pagos a funcionarios de Migración Colombia para evitar registros negativos en aeropuertos, así como ofrecimientos de salidas irregulares del país sin controles oficiales. Incluso se mencionaron contactos dentro del sistema penitenciario para facilitar traslados de presos y posibles acciones violentas dentro de las cárceles.
Otro elemento clave fue el interés del cartel en acceder a una memoria USB incautada a familiares de Dairo Úsuga, conocido como “Otoniel”, máximo líder del grupo criminal. Este dispositivo contenía información estratégica sobre las operaciones del cartel y fue considerado de alto valor para sus integrantes.
Las autoridades también identificaron a varios uniformados implicados, entre ellos un patrullero y un teniente coronel de la Policía, aunque hasta el momento no se han emitido órdenes de captura en su contra. La investigación sigue en curso para determinar el alcance real de esta red de corrupción.
“Medio Labio”, capturado recientemente en Envigado, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y cohecho. Aunque se declaró inocente, la Fiscalía ya le imputó varios sobornos documentados en los chats, incluyendo el pago por el análisis telefónico y la compra de información confidencial.
Este escándalo pone en evidencia la profundidad de la infiltración criminal en el Estado y deja una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llegan los tentáculos del Clan del Golfo dentro de las instituciones encargadas de combatirlo? Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como uno de los más graves episodios de corrupción institucional en los últimos años en Colombia.