Un juez de control de garantías emitió una medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Jairo Medina Molina y sus hijos, Jhoan Esteban y Andrés Fabián Medina Sendales, señalados como los presuntos responsables del asesinato de un joven de 19 años en el municipio de Soacha.
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El crimen, motivado por el cobro de una deuda de 60.000 pesos, ocurrió en el conjunto residencial Terra Grande durante el mes de abril de 2025 y ha generado indignación por la desproporción de la violencia empleada.
La investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca reveló que la tragedia se originó tras un incidente cotidiano. La víctima, identificada como Santiago Torres de Ossa, había recibido prestada una motocicleta que sufrió daños mecánicos menores tras una caída. El costo de la reparación fue tasado en 60.000 pesos, suma que el joven no pudo pagar de inmediato.
Según los testimonios recopilados por medios como CityTv, los propietarios del vehículo habrían propuesto inicialmente acuerdos de pago con cuotas de apenas 5.000 pesos. Sin embargo, ante el incumplimiento de estos abonos, la situación escaló de una diferencia civil a una agresión violenta. El 14 de abril, el padre y sus dos hijos se desplazaron hasta el domicilio de la víctima para realizar el cobro de manera directa.
El ataque en la puerta de su hogar
El relato de la Fiscalía es estremecedor al detallar el impacto social del hecho: la madre de la víctima fue testigo presencial del ataque. Al abrir la puerta de su residencia y llamar a su hijo, los tres procesados habrían iniciado una discusión que rápidamente pasó a las agresiones físicas.
De acuerdo con el material probatorio, los imputados utilizaron armas cortopunzantes para propinarle heridas fatales al joven en el pecho y en el brazo derecho. Aunque los familiares intentaron auxiliarlo trasladándolo de urgencia a un centro asistencial, el reporte médico confirmó que el joven ingresó sin signos vitales.
Proceso judicial y cargos imputados
Después de casi un año de labores investigativas y recolección de evidencia técnica, el ente acusador imputó a los Medina Molina y Medina Sendales el delito de homicidio agravado. A pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas presentadas durante las audiencias concentradas, ninguno de los tres hombres aceptó los cargos.
No obstante, el juez de control de garantías consideró que los procesados representan un peligro para la sociedad y la comunidad, basándose en la gravedad del ataque por un motivo de “mínima entidad”. Por ello, determinó que deberán enfrentar el resto del proceso penal privados de la libertad en un centro penitenciario, mientras se define su condena definitiva.