El pasado 23 de diciembre, a las 5:05 de la tarde, en una bodega de reciclaje, un joven de 25 años fue asesinado por sicarios mientras cumplía con su jornada laboral.
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El hecho, que quedó registrado en un video de seguridad, que ha generado indignación no solo por la sevicia del ataque, sino porque la víctima se encontraba junto a su esposa y sus hijos menores de edad en el momento de los disparos.
El joven estaba sobre la plataforma de un camión, organizando pacas de cartón para su despacho. Según las imágenes de vigilancia, dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar.
Sin mediar palabra, el parrillero disparó un arma de fuego a corta distancia. Luego del ataque, los agresores huyeron, dejando al trabajador herido de muerte frente a su familia.
Un sistema de denuncias bajo cuestionamiento
Detrás de este homicidio se encuentra una problemática que la familia de la víctima venía advirtiendo meses atrás: la extorsión sistemática. Lilia, suegra del joven y propietaria del negocio, vincula directamente el crimen con la estructura delictiva conocida como ‘Los Satanás’, un grupo criminal que ha sembrado el temor en diversas localidades del sur y occidente de la capital colombiana mediante el cobro de “vacunas”.
En declaraciones entregadas, la mujer relató que las amenazas no eran nuevas. “Desde que comenzó esta tragedia, yo llamé al Gaula, a la Fiscalía. Yo les dije: un día de estos va a haber una tragedia, ¿y a mí quién me va a responder?”, cuestionó Lilia.
Según su testimonio, a pesar de haber acudido a las instancias legales para reportar la presión económica de la que eran objeto, la respuesta institucional fue insuficiente para prevenir el desenlace del 23 de diciembre.La familia sostiene que este homicidio es el desenlace de un ciclo de violencia iniciado hace un año por la estructura criminal conocida como ‘Los Satanás’.
Según los allegados, el hostigamiento contra el negocio familiar de reciclaje comenzó en diciembre de 2024, cuando los delincuentes exigieron el pago de 60 millones de pesos mediante panfletos y mensajes de WhatsApp.
Ante la negativa de pagar, la bodega ya había sufrido un atentado previo en mayo, donde un reciclador resultó herido de bala, evidenciando una escalada de violencia que las autoridades no lograron frenar.
La familia manifiesta una profunda indignación con el sistema judicial. De acuerdo con el relato de los allegados, la comunicación con los investigadores encargados de su caso de extorsión era constante pero infructuosa. “El investigador me decía que él no podía hacer nada si la Fiscalía no daba autorización”, señaló la denunciante, subrayando una presunta falta de coordinación entre las unidades de inteligencia y las órdenes judiciales necesarias para intervenir.
En medio del duelo, la familia destaca únicamente el apoyo de la estación de policía de Tequendama y la gestión del coronel Chauta, quienes han mantenido presencia en el sector tras el suceso. No obstante, el reclamo hacia el Gaula y la Fiscalía General de la Nación persiste, pues consideran que la muerte de este padre de familia era un evento evitable si se hubieran tomado medidas preventivas basadas en las denuncias previas.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las zonas industriales y de reciclaje de Bogotá, donde pequeños empresarios denuncian sentirse desprotegidos ante el avance de bandas que utilizan el sicariato como mecanismo de represalia ante la negativa de pagos extorsivos.