La defensora del Pueblo, iris Marín reiteró este lunes festivo 17 de noviembre su preocupación por la muerte de menores de edad en recientes bombardeos en Colombia, denunciando que, además de los siete fallecidos en Guaviare, existen otros cinco casos registrados en distintas operaciones militares. Según su pronunciamiento, “1 adolescente mujer murió en el bombardeo de Arauca; y 4 adolescentes en Puerto Santander - Amazonas, el 1º de octubre: 1 mujer y 3 hombres”.
Ante estos hechos, la funcionaria hizo un llamado en un video directo al presidente de la República, pidiendo suspender los bombardeos cuando exista riesgo de que en los campamentos atacados haya menores reclutados por grupos armados ilegales. Asimismo, exigió a estas organizaciones liberar de manera inmediata a todos los menores que mantienen bajo su control, reiterando que su reclutamiento forzado constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Defensora del Pueblo exige frenar bombardeos que involucren a menores reclutados
Este pronunciamiento se produjo horas después de que la Fiscalía General Penal Militar y Policial anunciara la apertura de una indagación preliminar sobre la operación militar del pasado 11 de noviembre en el departamento del Guaviare, donde murieron 20 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos siete menores de edad.
La entidad aseguró que la investigación se desarrollará con la máxima rigurosidad jurídica, para establecer si el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública se ajustó a los protocolos y principios que rigen su actuación durante el conflicto armado. En un comunicado, reiteró el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la legitimidad del actuar militar.
El presidente Gustavo Petro, quien ordenó la operación en Guaviare junto con otra ofensiva en Arauca contra estructuras comandadas por alias “Iván Mordisco”, asumió la responsabilidad política del bombardeo y pidió perdón a las familias de las víctimas menores. Sin embargo, defendió la misión como necesaria para proteger a los soldados desplegados en la zona, insistiendo en que su Gobierno actúa en conformidad con el DIH.
La polémica escaló cuando sectores de la oposición recordaron que, en el pasado, el propio Petro criticó duramente operaciones similares durante el gobierno de Iván Duque, como las registradas en Guaviare en 2021 y en Caquetá en 2019, esta última que provocó la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero, tras revelarse la muerte de menores reclutados.
La discusión se mantiene abierta mientras organizaciones humanitarias insisten en que la prioridad debe centrarse en proteger la vida de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado.