El Gobierno nacional evalúa la expedición de un decreto que impondría una retención en la fuente del IVA a los pagos por medios digitales, equiparando las reglas con las que ya aplican a los pagos realizados con tarjetas bancarias. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca “nivelar la cancha” entre diferentes métodos de pago y evitar el arbitraje tributario, pero ha generado polémica entre los sectores tecnológicos y los pequeños comerciantes, que temen una afectación directa a la inclusión financiera.
El borrador del decreto aclara que no todas las personas estarán sujetas a esta retención. El parágrafo 3 establece que quedan exentas las personas naturales no responsables del IVA, es decir, la mayoría de ciudadanos, tenderos y pequeños negocios. En la práctica, si el señor de los aguacates o la vendedora de arepas no declaran IVA, no se verán afectados, incluso si la medida es firmada por el presidente Gustavo Petro.
Esto aplica para Bre-B, el sistema de pagos digitales desarrollado por el Banco de la República, y también para plataformas como Nequi o Daviplata, que operan dentro del mismo ecosistema financiero.
¿Quién asumiría la nueva retención?
El objetivo del Gobierno es eliminar ventajas entre medios de pago. Hoy, cuando un consumidor paga una compra con tarjeta, el comercio sufre una retención del 1,5 % del IVA, mientras que si el pago se realiza con código QR, esa retención no existe, aunque el IVA final sea el mismo. Con la nueva norma, los pagos digitales —incluidos QR, tarjetas desmaterializadas y pagos en línea— estarían sujetos a la misma tasa de retención.
Desde su lanzamiento el 6 de octubre, los colombianos han realizado pagos por 5,5 billones de pesos a través de Bre-B. Solo el 22 de octubre, 1,7 millones de usuarios hicieron transacciones mediante la plataforma, lo que refleja su rápida adopción. Sin embargo, la posible retención amenaza con frenar ese crecimiento.
La respuesta del Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda ha aclarado que las transacciones entre personas naturales no responsables del IVA no estarán sujetas a retención. Además, el decreto solo se firmará tras recibir comentarios del sector financiero y empresarial.
Sin embargo, diversos expertos advierten que la medida puede desincentivar el uso de Bre-B, cuya creación buscaba facilitar pagos sin costo, rápidos e inmediatos. Según el medio La Silla Vacía, esta iniciativa pretendía reducir las barreras que aún existen en los pequeños comercios, donde muchos tenderos rechazan pagos digitales por montos bajos debido a las comisiones.
El problema, señalan los analistas, es que esta retención del 1,5 % encarecería las operaciones digitales, haciendo que cada transacción cueste casi cuatro veces más que el 4×1000. Para los comercios formales, el impacto sería directo, reduciendo su margen de ganancia y desmotivando la adopción de estas tecnologías.
Impacto fiscal y críticas del sector
El decreto modificaría artículos del Decreto 1625 de 2016 y, según el Gobierno, busca corregir un trato desigual entre métodos de pago. No obstante, expertos como Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera, sostienen que la verdadera intención es mejorar la liquidez fiscal del Estado.
“Esto hace parte de las movidas para aumentar la caja del Gobierno”, explicó Gnecco al medio La Silla Vacía. Sin embargo, advierte que las retenciones son anticipos de impuestos, y en muchos casos terminan afectando a pequeños comerciantes que no están obligados a declarar. “En la práctica, esa retención se convierte en un saldo a favor eterno, de esos que terminan empolvados en la DIAN”, afirmó.
Riesgo para la inclusión digital
Además del posible impacto económico, la medida implicaría costos operativos adicionales para las plataformas digitales, que tendrían que ajustar sus sistemas para calcular y reportar las nuevas retenciones.
“Eso implica desarrollar módulos nuevos, hacer auditorías y conciliaciones, lo que aumentará los costos y podría trasladarse a los comercios”, advirtió Pineda. León añadió: “Deberíamos invertir en mejorar la experiencia del usuario, no en complejizar el sistema”.
Expertos comparan la situación con lo ocurrido en Brasil en 2023, cuando un rumor sobre una retención similar al sistema Pix provocó una caída del 22 % en su uso. “Le tocó salir a Lula a desmentirlo públicamente”, recordó Gnecco.
Aunque el Banco de la República, creador de Bre-B, indicó que aún evalúa el impacto del decreto, los analistas temen que, si se aprueba sin modificaciones, Colombia podría enfrentar una caída en la adopción de pagos digitales, justo cuando el sistema empieza a consolidarse.
“Es hacerle daño a una de las mejores innovaciones del Estado colombiano en años”, concluyó Gnecco.
Por su parte, Colombia Fintech expresó su profunda preocupación por el futuro de Bre-B y la adopción de pagos digitales en Colombia a través de un comunicado
“El Gobierno Nacional presentó un Proyecto de Decreto que busca eliminar el tratamiento diferencial en la retención en la fuente entre los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito y aquellos efectuados mediante medios electrónicos, como códigos QR, tarjetas digitales y transferencias electrónicas entre depósitos a la vista de bajo monto.
En la práctica, la iniciativa propone aplicar una tarifa de retención del 1,5 % sobre los pagos por ventas de bienes o prestación de servicios, cuando estos constituyan ingreso tributario a favor de personas naturales o jurídicas.
De acuerdo con el documento, la actual regulación, considerada obsoleta frente a la modernización del sistema de pagos, aplica dicha retención solo a las operaciones con tarjetas débito y crédito, generando desincentivos para que los pequeños comercios acepten pagos electrónicos. Esta situación, en un contexto de transformación digital liderado por el lanzamiento de Bre-B, podría convertirse en un obstáculo para su adopción masiva, si los mensajes sobre su fiscalización se interpretan como una nueva carga impositiva".
Críticas a la medida y llamado a revisar los incentivos
Expertos del sector tecnológico y financiero advierten que la solución no debería consistir en extender las retenciones a todos los medios de pago digitales, sino en promover su eliminación gradual para el mayor número de contribuyentes posible. Consideran que Colombia enfrenta una oportunidad clave para revisar su marco regulatorio, estimular la formalización económica y acelerar la digitalización de los pagos.
En este contexto, Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos e interoperables administrado por el Banco de la República, tiene como objetivo facilitar las transferencias digitales entre personas y empresas, y reducir el uso del efectivo, que todavía representa cerca del 80 % de las transacciones en el país. De acuerdo con analistas, eliminar las fricciones normativas y fiscales en torno a los pagos digitales es esencial para avanzar hacia una mayor inclusión financiera, promover la formalidad y fortalecer la competencia dentro del sistema financiero.
Persistencia del uso de efectivo y desafíos para la inclusión
A pesar del avance de la tecnología, Colombia sigue siendo un país donde el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante, especialmente entre los ciudadanos de menores ingresos. Desde 2002, este patrón no ha cambiado de manera significativa, y la falta de adopción de pagos digitales plantea desafíos importantes: limita el potencial de ahorro, perpetúa la informalidad económica y mantiene a amplios sectores de la población excluidos del sistema financiero formal.
Incluso si las nuevas retenciones se aplican únicamente a los pagos de personas a comercios, los mensajes sobre fiscalización podrían tener un impacto negativo en la confianza y uso de plataformas digitales. En Brasil, por ejemplo, un anuncio de la autoridad tributaria sobre mayores controles al sistema PIX —el equivalente brasileño de Bre-B— provocó una caída del 15,3 % en las transacciones en apenas dos semanas, un precedente que preocupa a los actores del ecosistema colombiano.
Un llamado a incentivar la digitalización
Desde Colombia Fintech, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que esta discusión sea vista como una oportunidad de actualizar el marco normativo y crear incentivos reales que promuevan la adopción de pagos digitales. El gremio advierte que el país no puede seguir premiando el uso del efectivo y, al mismo tiempo, castigando la digitalización de los servicios financieros.
Los pagos digitales y plataformas como Bre-B son considerados una herramienta clave para la inclusión financiera, el desarrollo económico y la formalización de la economía. La decisión que adopte el Gobierno en las próximas semanas podría definir el rumbo de la transformación digital del sistema de pagos en Colombia y su capacidad para competir en un entorno financiero cada vez más moderno y conectado.