Un francotirador oculto entre los árboles en los cerros del norte de Bogotá cambió el rumbo del negocio de las esmeraldas en Colombia. Con una sola bala, mató a dos de los esmeralderos más poderosos del país, cuyos nombres estaban en una lista negra junto a doce más, todos vinculados con el comercio del llamado oro verde. Según un reciente informe del programa Los Informantes, detrás de estos crímenes se estaría gestando una nueva guerra esmeraldera, aunque esta vez con características distintas: “pasamos del verde al blanco”, advierten los protagonistas, aludiendo al creciente vínculo entre el negocio de las piedras preciosas y el narcotráfico.
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Entre las víctimas figura Jesús Hernando Sánchez, heredero del poder que en su momento ejerció Víctor Carranza, el mítico “Zar de las Esmeraldas”. Sánchez fue asesinado el 6 de abril de 2025, cuando salió unos segundos de su casa con puertas blindadas. Desde un bosque cercano, un tirador profesional le disparó una bala calibre 7.62. Ocho meses antes, en agosto de 2024, el también empresario Juan Sebastián Aguilar, conocido en el gremio como “Pedro Pechuga”, cayó bajo el mismo modus operandi: un francotirador lo abatió frente a su familia. Ambos compartían negocios en la empresa Esmeraldas de Santa Rosa y, según testimonios, sus nombres figuraban en la misma lista mortal.
“Guerra blanca” en el negocio de las esmeraldas: francotiradores, listas negras y una ola de sangre en Boyacá
El informe de Los Informantes reconstruye el origen de esa lista negra, elaborada en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota y revelada por la prensa en 2022. Un testigo de la Fiscalía habría identificado a 12 personas sentenciadas a muerte por una presunta alianza entre el Clan del Golfo y esmeralderos condenados por narcotráfico. El supuesto cerebro de esta red sería Horacio Triana, un antiguo empresario del sector condenado por intento de homicidio y extraditado a Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Para Jonathan Sánchez, sobrino de una de las víctimas y exdiputado de Boyacá, la amenaza es real. “Nosotros nunca creímos en esa lista, pero después del asesinato de mi padrino, entendí que sí tenía valor”, dijo al programa. Aunque cuenta con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), vive con miedo. “¿Quién puede contratar un francotirador en pleno norte de Bogotá sin ser descubierto? Eso requiere una estructura que solo puede tener una organización como el Clan del Golfo”, añadió.
La violencia que envuelve a los esmeralderos no es nueva. En los años ochenta, la llamada “guerra verde” dejó más de 3.000 muertos. El nombre de Gilberto Molina, abuelo de Edwin Molina, presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas de Colombia (Aprecol), sigue marcado por la historia. Gilberto fue asesinado en 1989 por orden de Gonzalo Rodríguez Gacha, del cartel de Medellín, en un episodio que aún resuena en la memoria del gremio. Aquel conflicto terminó con un pacto de paz en 1990, promovido por la Iglesia y Víctor Carranza, que por tres décadas mantuvo una relativa calma en el occidente de Boyacá.
Sin embargo, hoy los asesinatos selectivos y los rumores de ajustes de cuentas indican un nuevo ciclo de violencia. Algunos lo llaman “la guerra blanca”, porque ahora el enemigo no es el control de las minas, sino las rutas del narcotráfico y el lavado de dinero. “No se puede estigmatizar a todo el gremio —explica el historiador Petrit Vaquero—, pero es un hecho que desde hace años ciertos sectores de la industria han servido como puente entre la minería y el crimen organizado”.
El impacto económico es innegable. La multinacional Fura Gems, una de las mayores productoras del país, suspendió operaciones en 2023 por bloqueos, agresiones y robos de esmeraldas. La industria mueve cerca de 150 millones de dólares anuales y da sustento a miles de familias que hoy viven entre la incertidumbre y el miedo.
El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente al tema, señalando a Julio Lozano Piraqueté, un presunto narcotraficante, como responsable de los asesinatos para “quedarse con las minas”. Sin embargo, las investigaciones avanzan lentamente, y hasta ahora no hay capturas ni esclarecimiento judicial de los homicidios.
En los pueblos mineros del occidente de Boyacá, el silencio se impone. Los herederos de los antiguos clanes prefieren no hablar. Algunos temen que lo ocurrido sea apenas el comienzo de una nueva ola de sangre.“Ni verde ni blanco —dijo un esmeraldero a Los Informantes—, ya esto se puso color de hormiga.”