En el Congreso de la República avanza un nuevo salvavidas para millones de colombianos endeudados que, a pesar de haber pagado sus obligaciones, continúan enfrentando obstáculos para acceder al crédito. Se trata del proyecto “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, una iniciativa que ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que busca ofrecer una segunda oportunidad financiera a quienes cumplieron, pero siguen reportados en las centrales de riesgo.
(Lea también:“No nos vamos a dejar intimidar”: el medio Cuestión Pública le responde a Uribe tras derecho de petición).
El propósito del proyecto, analizado por la Universidad de San Buenaventura, es restablecer el acceso al crédito formal para cerca de 14 millones de colombianos actualmente castigados en el sistema financiero. De aprobarse los tres debates restantes, la ley podría entrar en vigor antes de finalizar 2025 o a comienzos de 2026.
Nuevo impulso a los deudores: el Congreso avanza con el proyecto “Borrón y Cuenta Nueva 2.0”
Según Giovanna Florián, directora del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, el texto incluye cinco medidas clave. La primera otorga un plazo de un año desde la promulgación de la norma para que los ciudadanos puedan ponerse al día con sus deudas y acceder a los beneficios. La segunda, denominada “limpieza exprés”, obliga a las centrales de riesgo a eliminar los reportes negativos en un máximo de dos meses tras el pago de la deuda, evitando que los usuarios sigan penalizados durante años por obligaciones ya saldadas.
Otro punto relevante es el efecto retroactivo del proyecto: quienes hayan pagado antes de la entrada en vigor de la ley también serán beneficiarios. Además, el llamado “caso Icetex” plantea que los beneficiarios de créditos educativos que lleguen a un acuerdo y cumplan seis cuotas consecutivas podrán salir de la lista negra sin haber terminado de pagar la totalidad del préstamo.
El alcance de la propuesta será más amplio que su versión anterior, pues cobijará a usuarios de crédito de consumo, vivienda, mipymes, empresarios del turismo, pequeños productores agropecuarios y trabajadores independientes.
Florián aclaró que no se trata de una condonación de deudas, sino de una medida para democratizar el crédito y ofrecer una segunda oportunidad a quienes cumplieron. Aunque el sector financiero estima que el impacto sería menor, la propuesta podría beneficiar a millones de personas que buscan reintegrarse al sistema financiero y comenzar de nuevo con su historial limpio.

